El Gobierno de Panamá estudia la posibilidad de cerrar la frontera con Colombia ante el elevado número de migrantes que atraviesan el Tapón del Darién y que utilizan ese país como trampolín para llegar a Estados Unidos.
La decisión está por tomarse en el marco de un paquete de medidas que se estudia ante el paso desbordado de migrantes, que llegó a 308.000 personas entre el 1 de enero y el 23 de agosto.
El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino dijo que hasta el momento han sido insuficientes las decisiones que se han adoptado en los países del sur y que, ante los graves daños al ecosistema y las poblaciones que habitan la región fronteriza, el gobierno panameño se ve obligado a tomar determinaciones más radicales.
“Hay países del sur que no le están prestando la debida responsabilidad al tema y lógicamente Panamá debe tomar las medidas internas y externas y una de las medidas internas es ayudar a proteger a la población del flagelo de la migración”, señaló el funcionario.
El Servicio de Fronteras de Panamá señaló en Colombia hay un represamiento de 10.000 migrantes, debido a las malas condiciones climatológicas, que han impedido el paso de embarcaciones desde Antioquia hacia Chocó y la frontera con el país centroamericano.
Sin embargo, la posibilidad de cerrar la frontera no fue bien recibida por organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos que han pedido otra serie de salidas.
El subdirector encargado de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier calificó esta situación como “una tragedia”.
“Yo no creo que poner más obstáculos en su camino sea la solución. Eso lo que va a hacer es que busquen vías más inseguras como intentando cruzar el Darién por el Pacífico”, dijo.
Añadió que “lo que hay que buscar son vías legales y seguras para que estas personas puedan buscar protección internacional sin estar arriesgando su vida como lo hacen ahora”.
Señalo que las estrategias deben ir más allá del combate al fenómeno migratorio y que deben incluir la unión y el trabajo de los países de la región y también de Estados Unidos, destino final de quienes se arriesgan atravesando esa zona peligrosa.
Entre las personas que buscan llegar a ese se encuentran migrantes de países de América Latina e incluso de otros más alejados como China, India, Camerún y Somalia.
Pappier indicó en Caracol Radio que “están cruzando un promedio de 2.500 personas al día”, al referirse a cifras entregadas por el propio Gobierno panameño.
“Si continúa, nos llevaría a 80 mil personas cruzando el Darién solo en el mes de agosto y cerca de medio millón en todo el 2023″, explicó.
Dijo que preocupan las condiciones en las que se ha presentado esta migración debido a los peligros biológicos y naturales de la selva y a la acción delictiva de organizaciones criminales con presencia en la región.
“80.000 personas cruzando el Darién en un mes es una tragedia. No hay capacidad para manejar ese número de personas que se enfrentan a gravísimos abusos por parte de los grupos armados y criminales que operan en el Tapón del Darién”, aseguró.
El motivo por el que las personas hacen el riesgoso viaje por las selvas del Darién, según Pappier, es huir de las crisis e Venezuela y Haití, igual que de la violencia en Ecuador. “Estas personas cruzan el Darién porque es su última opción”, dijo.
Críticas a Colombia
Pappier cuestionó al Estado colombiano por su responsabilidad sobre las malas condiciones de vida y la atención deficiente a los migrantes en esta región.
“La falta de presencia estatal colombiana, tanto en materia de seguridad como en materia de asistencia humanitaria, hace que sea el Clan del Golfo uno de los actores que más se beneficia de estas rutas migratorias”, aseguró.
Atribuyó a esa situación la acción de estructuras al margen de la ley. En ese sentido, señaló que esas organizaciones financian sus operaciones delictivas a través del cobro de extorsiones y porcentajes en el ecosistema económico que se ha constituido con la migración.
Señaló que el Clan del Golfo, que hace presencia en la fronteriza con Panamá, obliga a la población a pagar el 20 % de todas las ganancias que reciban por actividades económicas relacionadas con la migración.
Igualmente, destacó que la extorsión incluye a actividades como los servicios de hospedaje para migrantes, el transporte vía marítima o el acompañamiento de guías por las rutas de la selva.
“Estamos ante un negocio millonario para el Clan del Golfo, basado en esta gente que está desesperada y en situación de pobreza”, puntualizó.
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