El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, advirtió este miércoles que una comisión de ese organismo y otras entidades fue ataca cuando se movilizaba en un helicóptero hacia la zona de Tierralta, Córdoba donde uniformados intimidaron y amenazaron a la población Civil.
El jefe del ente acusador señaló que mientras el Ejército anunció que desplazó un grupo de investigadores para determinar lo sucedido, no se ha permitido el ingreso de otros organismos como la Fiscalía y la Procuraduría.
Barbosa señaló que este grupo busca adelantar “una investigación atada a unos hechos que el país conoció y que están siendo sujetos de investigación”,
Añadió que este caso están, presuntamente vinculados, miembros del Ejército Nacional que habrían violentado “los Derechos Humanos de campesinos, ciudadanos y niños, hecho que es repudiable conforme a los estándares de Derechos Humanos del país».
Sobre el ataque al helicóptero señaló: “Rechazamos el ataque porque lo que denota es que no existen garantías de investigación en Colombia, que el Ejército Nacional no le da garantías de seguridad a la justicia colombiana, a la Fiscalía General de la Nación”.
“He conversado con la Procuradora General de la Nación, en las próximas horas dirigiremos una comunicación al Presidente de la República manifestándole esa preocupación, de que miembros no solamente de la Procuraduría, sino de la Fiscalía, como Rama Judicial del poder público, no puedan cumplir adecuadamente sus funciones en el territorio nacional», aseguró durante una rueda de prensa.
Agregó que «esto se añade a lo que ha venido ocurriendo contra la Rama Judicial del poder público en Colombia. Las denuncias hechas por la misma Corte Suprema de Justicia por los hechos acontecidos en Tuluá contra los juzgados, contra los jueces, contra los fiscales”.
“Un Estado de Derecho en donde la Rama Judicial del poder público no puede ejercer adecuadamente sus funciones, es un Estado de Derecho fracturado», aseguró.
Sobre la presencia de los uniformados armados en Tierralta explicó que «estamos investigando plenamente lo qué está ocurriendo en esa zona. Los actos urgentes se van a adelantar a pesar de los obstáculos que quieran poner diferentes sectores a esa investigación”.
“Ya solicitamos que 30 soldados, dos suboficiales y un oficial del Batallón de la Décima Primera Brigada del Batallón de Infantería Número 83 sean interrogados por la Fiscalía General de la Nación», enfatizó.
Señaló que esta investigación debe ser asumida por la Fiscalía y no por la Justicia Penal Militar o por el Gobierno Nacional.
Subrayó que «en esa zona del país, donde ocurrieron los hechos, opera una subestructura criminal del Clan del Golfo, que es la Javier Yepes Cantero, y al día de hoy tenemos 83 órdenes de captura sin ejecutar contra sus miembros y comandantes en esa zona del país”.
“Es importante que la Policía y la Fuerza Pública estén al frente de esas capturas en zonas rurales para sacar a los criminales de las zonas, no para atemorizar a la ciudadanía», puntualizó.
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