El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa hizo un duro pronunciamiento luego de que una comisión de ese organismo y de la Procuraduría fue atacada cuando se movilizaba en un helicóptero hacia Tierralta, Córdoba donde se presentó un hecho en el que estarían involucrados miembros del Ejército.
Eso no permitió que los funcionarios de esas dependencias llegaran al sitio para hablar con la comunidad e iniciar la investigación sobre las intimidaciones a campesinos por uniformados armados, que inicialmente, se informó serían disidentes de las Farc.
Con el paso de las horas, el propio Ejército confirmó que eran soldados del Batallón de Infantería N.33 «Batalla de Junín», de la Décima Primera Brigada, en un hecho ocurrido en la vereda de El Manso, aguas arriba del embalse de Urrá.
El Fiscal Barbosa señalo que “el Ejército Nacional no le da garantías de seguridad a la justicia colombiana” y añadió que las investigaciones deben ser adelantadas por la Fiscalía (justicia ordinaria) y no por la Justicia Penal Militar o el Gobierno Nacional.
A estas últimas palabras se refirió el presidente Gustavo Petro, quien le respondió al jefe del ente acusador a través de X (Twitter) sobre las competencias para investigar este caso que ha generado el rechazo de la comunidad y de diferentes sectores de la sociedad.
“Claro que el ejecutivo puede investigar a nivel disciplinario sus propios funcionarios, a través del control interno y de las comisiones protectoras”, dijo el mandatario.
Previamente, en otra publicación también se había referido a las investigaciones: “Volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la fuerza pública. Esto no puede pasar en este gobierno”,
Y añadió: “Es el mismo ejército quien debe presentar públicamente, al lado del gobierno, su propia investigación en estos hechos”.
Justicia Penal Militar defiende competencia y dice que no es una intromisión
Por su parte la Justicia Penal Militar defendió su competencia para investigar estos hechos tras señalar que se habría tratado de un caso de abuso de autoridad.
«La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial respalda a la Juez 101 de Instrucción Penal Militar y Policial, frente a los cuestionamientos públicos de otras autoridades de la República, tras la apertura de investigación preliminar por el presunto delito de Abuso de Autoridad Especial (Art. 165 Ley 1407/2010), en que pudieron haber incurrido miembros del Ejército Nacional el pasado 11 de septiembre en la vereda Bocas del Manso de Tierralta-Córdoba», señaló.
Agregó que «observa que su actuación obedece al ejercicio legítimo de la acción penal por parte de la Jurisdicción Especializada, por cuanto prima facie, los hechos pudieron ser cometidos “por miembros de la Fuerza Pública y en relación con el mismo servicio” (Art. 221 CP)».
«Lo que también a primera vista permite verificar que no se trataría de una “intromisión” arbitraria en las competencias de la jurisdicción ordinaria», advirtió.
Igualmente señaló que «lo anterior, sin perjuicio de que en curso de la investigación pudiera verificarse que los hechos son ajenos al ámbito funcional de la fuerza pública, se ponga en duda la competencia de la jurisdicción castrense y conforme lo dispone la ley y lo ha desarrollado la jurisprudencia, haya que remitirse la actuación a la jurisdicción ordinaria».
«Pero para efectuar tales valoraciones se requiere tener un mínimo de conocimiento procesal, siendo necesario adelantar por lo menos una investigación preliminar; lo que en sí mismo no conlleva ningún grado de impertinencia», enfatizó.
Igualmente, la Justicia Penal Militar llamó la atención sobre una colaboración entre los diferentes organismos para determinar responsabilidades en este caso.
«La invitación es entonces a materializar el principio de colaboración armónica entre las instituciones (Art. 113 CP); a que cada quien, desde sus competencias, realice de buena fe las acciones que legítimamente le corresponden, en aras de encontrar la verdad y dispensar justicia», señaló.
Y puntualizó: «Sin descalificaciones y palabras altisonantes, que ningún beneficio otorgan a la institucionalidad. Si persisten diferencias a tramitarlas inteligentemente, por los cauces previstos en la ley; para el caso, por vía del conflicto de jurisdicciones».
Por su parte, el procurador delegado para DDHH, Javier Sarmiento, aseguró que este jueves intentarán nuevamente llegar a Tierralta para investigar presunto incidente entre comunidad indígena y fuerzas militares.
Indicó que se busca llegar al sitio «donde ocurrió el presunto incidente entre la comunidad indígena y las fuerzas militares, para realizar las diligencias y recaudar las pruebas necesarias para determinar las acciones disciplinarias a seguir en este caso».
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