El ciberataque que afecta al país se ha extendido a, al menos 60 páginas, entre ellas, 34 entidades del Estado entre ellas las de la Rama Judicial, el Ministerio de Salud y el Centro de Memoria Histórica.
Aunque no ha sido un ataque solamente en Colombia¡, los ‘hackers’ han intervenido en otros países Latinoamérica.
Tal es la situación, que el Ministerio de las TIC, instaló un Puesto de Mando Unificado, PMU, para hacerle frente a esta problemática que afecta varios servicios, especialmente, del Estado.
Frente al PMU se encuentran el consejero presidencial para la transformación digital, Saúl Kattan, junto al ministro de las TIC, Mauricio Lizcano y lo que se busca es encontrar soluciones y sobre todo evitar que se sigan presentando este tipo de situaciones.
En SinCandado consultamos al experto en derecho cibernético y ciberseguidad, Juan Pablo Salazar sobre las implicaciones que tiene este ciberataque y de cómo está preparada Colombia para combatir estas acciones delictivas.
– SinCandado: ¿Qué es un ataque cibernético?
Juan Pablo Salazar: Un ataque cibernético, es un incidente que puede ser desde grave o leve, que vulnera la confidencialidad, integridad o autenticidad de los datos o de la infraestructura tecnológica asociada a la operación de una empresa o un gobierno. El ataque más común que se recibe a diario es el de ramsonware o secuestro de datos, en el que la infraestructura es tomada por un tercero, de forma que se encripta y se impide el uso normal hasta que se logre el objetivo de la extorsión: dinero a cambio de permitir la continuidad del servicio, plataforma o infraestructura.
– SinCandado: ¿Qué afectaciones tiene para las entidades atacadas?
Juan pablo Salazar: Un ataque cibernético como el que se ha tenido esta semana en Latinoamérica, ha generado la indisponibilidad de los servicios tecnológicos, generando una parálisis en las operaciones y trámites de las entidades públicas, especialmente. En general un ataque cibernético puede ocasionar robo o hurto de datos o información, daños permanentes en la infraestructura tecnológica y pérdida de años de trabajo.
– SinCandado: En particular para los ciudadanos, ¿Cuáles son las afectaciones?
Juan Pablo Salazar: Para los ciudadanos, la afectación principal es no poder realizar ningún tipo de trámite. Por ejemplo, en el caso de los jueces y tribunales en Colombia, se tiene una parálisis de todo el sistema de control de procesos judiciales que contiene la historia de los procesos judiciales, y en ése caso, se ralentiza el acceso a la justicia.
– SinCandado: En el caso de Colombia ¿Estamos preparados para evitar los ataques cibernéticos y dar con quienes cometen estos delitos? ¿Qué tan viable está la creación de una Agencia nacional de seguridad y asuntos espaciales? ) A propósito de este tema el fiscal Barbosa no lo cree necesario).
Juan Pablo Salazar: Colombia, lamentablemente ha perdido liderazgo en materia de ciberseguridad, tenemos una cantidad impresionante de guías, recomendaciones, y normas de todo tipo que obligan a realizar acciones preventivas y reactivas para controlar los riesgos cibernéticos. Sin embargo, todo demuestra que dichas instrucciones mandatorias quedaron sin implementar.
Por otro lado, todos los países están fortaleciendo su institucionalidad en materia de ciberseguridad, en el país se ha perdido interés en iniciativas de ciberseguridad como es el CSIRT Gobierno.
La creación de la Agencia de Ciberseguridad es una necesidad pero es un desacierto que también se le quieran incluir temas espaciales, no es lo mismo, una agencia dedicada exclusivamente a la ciberseguridad, que una Agencia que tiene también que tomar decisiones sobre lanzar satélites y cohetes al espacio, es todo un despropósito tal y como está formulada por el Gobierno nacional.
– SinCandado: En materia de castigo a los responsables de estos hechos, ¿Cómo estamos en materia de penas?
Juan Pablo Salazar: En materia de normas penales, estamos muy bien. Desde hace ya varios años tenemos actualizado el código penal en materia de delitos cibernéticos. Lo que nos falta es implementar rápidamente lo que falte de la Convención de Budapest sobre Ciberseguridad y tramitar la adhesión, vía Congreso de la República, a los Protocolos al Convenio de Budapest. Esto es una deuda gigante en materia de normas de ciberseguridad.
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