Colombia sufrió un ataque cibernético que afectó a más de 60 páginas, entre las cuales, más de 30 de entidades del Estado.
Incluso la rama judicial tuvo que adoptar medidas como la suspensión de términos ante las afectaciones en la prestación de los servicios.
En medio de ese panorama, que aún no está claro, la pregunta es si las próximas elecciones regionales del 29 de octubre están en riesgo.
Ese domingo serán elegidos, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y miembros de Juntas Administradoras Locales, Jal.
El registrador, Alexander Vega dio un parte de tranquilidad tras señalar que la entidad tienen su propio sistema de ciberseguridad para contrarrestar ese tipo de acciones.
“La ciberseguridad de las entidades del estado Colombiano solo las cuida la Policía, y la Policía no puede con toda la ciberseguridad de todos los portales del Gobierno”, por lo que la Registraduría tiene un software propio para la protección de los datos.
Sin embargo, reconoció que es un riesgo latente, pues estas entidades reciben múltiples ataques cibernéticos diarios.
Lo que si advirtió Vega es que para las próximas elecciones se tienen riesgos a nivel de orden público, en la operación logística de las mesas de votación en las regiones, así como también la desinformación en el entorno digital y la compra de votos.
La soberanía digital en peligro, advierte la Defensoría del Pueblo
Entre tanto, la Defensoría del Pueblo rechazó los recientes ciberataques que afectaron de manera significativa la infraestructura crítica del Estado colombiano y que pusieron en riesgo la vida de millones de personas que dependen de servicios esenciales; particularmente, han afectado a quienes necesitan acceso urgente a servicios de salud y de justicia.
Estas acciones tuvieron un impacto grave en las plataformas de la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Consejo Superior de la Judicatura, como también en sistemas del sector cultural.
«Todo esto está ocurriendo por cuenta de un ciberataque a una empresa que ofrece servicios tecnológicos y donde están alojados incontables servicios digitales en Colombia y fuera del país. Esta situación no solo pone en riesgo los derechos fundamentales, sino que también amenaza la seguridad y el bienestar de todos los colombianos”, afirmó el titular de ese despacho, Carlos Camargo Assis.
Indicó que la situación es de extrema gravedad, lo que lleva a reflexionar sobre la soberanía tecnológica del país y su dependencia de servicios de terceros que manejan los datos de millones de personas.
«Los ciberataques a entidades gubernamentales o estatales pueden vulnerar varios derechos humanos y fundamentales de los ciudadanos, incluyendo los derechos a la privacidad, al acceso a la información, a la seguridad y a la justicia», explicó.
Hizo un llamado urgente a defender los derechos de los colombianos y a trabajar en conjunto con las autoridades correspondientes para mitigar los impactos de estos ciberataques y garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas.
“Continuaremos vigilantes y trabajaremos en conjunto con las autoridades correspondientes para hacerles frente a los impactos generados por los ciberataques, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos de los colombianos en ambientes digitales o derivados del uso de nuevas tecnologías”, indicó el defensor del Pueblo.
Señaló que a través de su Delegada para la Protección de Derechos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresión, mantendrá un seguimiento constante a la situación que ha impactado de manera significativa los derechos de los usuarios.
“Reafirmamos nuestro compromiso para trabajar en estrecha colaboración con las autoridades pertinentes para garantizar que se tomen medidas efectivas que restauren la integridad de los sistemas y protejan los derechos de los ciudadanos”, aseguró
Dijo finalmente, que ese organismo continuará “también, en la lucha contra cualquier amenaza que ponga en peligro la seguridad y el bienestar de los colombianos en el entorno digital».
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