El comandante del Ejército, general Luis Mauricio Ospina, informó este martes que 18 militares, entre ellos, tres coroneles fueron retirados por las intimidaciones a campesinos en la vereda Bocas del Manso, de Tierralta, Córdoba en hechos ocurridos el pasado 11 de septiembre.
El pase a la reserva cobija a 6 oficiales y 4 suboficiales, «que con su actuar han comprometido los principios y valores de la institución», dijo el alto oficial, quien indicó que a ellos se suman otros 8 soldados profesionales.
Los coroneles son: el comandante de la brigada 11 José Edilberto López, el coronel de operaciones, y el comandante del batallón 33 Junín.
Además, salen de la institución, el segundo comandante del batallón Junín; el oficial de operaciones, dos sargentos mayores y los 8 soldados.
Igualmente, se indicó que otros 13 soldados que estaban en el área, pero que no ingresaron a la vereda Bocas del Manso serán trasladados a unidades militares de Cundinamarca mientras la Fiscalía toma decisiones sobre su posible responsabilidad en los hechos.
“Se ordenó el traslado de 13 soldados profesionales a unidades en las que no realizarán actividades operacionales, ni de inteligencia, y cumplirán labores administrativas y servicios de régimen interno, en tanto se definen los procesos de investigación activos», señaló el comandante del Ejército.
El oficial que estaba como comandante de la compañía involucrada en los hechos «cumplirá su tratamiento e incapacidad y seguirá vinculado a las investigaciones que cursan por estos hechos», dijo.
Igualmente, aseguró que el Batallón de Infantería N.° 33 Junín, adscrito a la Décima Primera Brigada del Ejército, adelantaba acciones contra el Clan del Golfo y el 28 de agosto ingresó un pelotón para realizar tareas de reconocimiento.
Entre esas acciones estaba previsto realizar un allanamiento para ubicar caletas, armas y temas relacionados con narcotráfico.
Sin embargo, los uniformados con el rostro cubierto y fingiendo pertenecer pertenecer al 5 frente de las Farc, apuntaron con sus armas a civiles en un hecho que quedó registrado en varios videos compartidos por la comunidad y que generó rechazo.
«Lo registrado en los videos y los resultados de la inspección determinaron que los procedimientos efectuados fueron totalmente contrarios al actuar institucional, trasgrediendo las normas, las leyes y la doctrina militar, al realizar actos inapropiados en contra de la población civil, emplear prendas no autorizadas, cubrirse el rostro, usar inadecuadamente las armas de la República; entre otros aspectos tácticos militares», puntualizó el general Ospina.
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