El exembajador en Venezuela, Armando Benedetti dijo al llegar a la Corte Suprema de Justicia a donde fue citado a indagatoria que acudía a la diligencia para responder por lo que llamó “emboscadas judiciales”.
La diligencia está relacionada con su presunta responsabilidad en el delito de concusión, por hechos ocurridos en 2010, cuando fue congresista de la República.
Es acusado, entre otras cosas, de haber exigido dinero para permitir que la Fiduprevisora desembolsara el pago de los derechos pensionales a un grupo de docentes del departamento de Córdoba, principalmente de los municipios de Lorica y Planeta Rica.
La investigación es adelantada por el magistrado Francisco Javier Farfán, quien busca determinar si el excongresista pidió dineros a abogados y beneficiarios de decisiones judiciales sobre estas prestaciones.
Los que pretendía con esto era, según se indaga, que la Fiduprevisora llevara a cabo los correspondientes pagos de dichas liquidaciones y pensiones vitalicias.
Al hacer su ingreso a la diligencia, Benedetti se defendió y dijo que “víctima de falsos testigos”, por lo que aseguró llegaba a ese despacho demostrar su inocencia.
“Vengo a responder las emboscadas judiciales que a cada ratico me hacen. En su momento, dos o tres personas muy importantes del país hicieron emboscadas judiciales inventando testigos, y eso es lo que vengo a demostrar hoy aquí”, aseguró a los medios de comunicación.
Otra investigación
El exembajador en Venezuela tiene pendiente una indagatoria dentro de una investigación por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, tema relacionado con el caso del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
Esa audiencia fue aplazada, debido a que el excongresista recusó a la magistrada Cristina Lombana, quien lleva el proceso, por “falta de competencia” e “irregularidades”, según ha manifestado, por la forma de proceder judicialmente.
Los abogados de Benedetti han señalado que la magistrada promovió audiencias bajo los principios de la Ley 906 en casos que debían tramitarse con la Ley 600 ante el Tribunal Superior de Bogotá, para tratar de conservar los procesos, pese a que la decisión mayoritaria de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia era que estos debían pasar a Fiscalía.
Según la recusación, pese a no tener competencia en el proceso, ordenó una supuesta práctica de prueba para revisar e inspeccionar las actuaciones del fiscal Gabriel Jaimes en el caso, lo que a juicio de la defensa se traduce en una irregularidad sin precedentes en la Rama Judicial. Esta recusación está pendiente de resolverse.
Los procesos penales contra el excongresista Benedetti regresaron a la Corte Suprema de Justicia luego de que renunciara a su cargo como embajador de Colombia en Venezuela.
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