Con el propósito de reforzar la protección de la propiedad privada de predios rurales frente a la ocupación ilegal, los congresistas del Centro Democrático, Paola Holguín y Juan Espinal, radicaron un proyecto de ley que comenzará a ser discutido en los próximos días.
La iniciativa se busca adoptar medidas para garantizar el goce pacífico del derecho de propIedad, desincentivar las vías de hecho y promover la cultura de la legalidad en todo el territorio nacional.
Los congresistas justificaron el proyecto al incremento de los casos de invasiones de predios privados rurales, así como de terrenos baldíos.
Señalaron que hace aproximadamente un año, el fenómeno se ha agravado exponencialmente «debido, fundamentalmente, a la exacerbación del discurso antiempresa, de odio de clases y de conflictos sociales«.
Igualmente, advirtieron que la problemática afecta a 26 de los 32 departamentos del país, lo que, según dijeron, supone un riesgo serio para la estabilidad y la seguridad jurídica de quienes ejercen la posesión o la propiedad legal y pacífica de miles de predios en el territorio nacional, así como la seguridad alimentaria y el derecho al trabajo de miles de colombianos.
Los congresistas indicaron que para enfrentar la situación se requiere la adopción de medidas legales que refuercen el marco normativo vigente, que desincentiven las vías de hecho, promuevan la cultura de la legalidad y faciliten la labor de las autoridades.
Aseguraron que se pretende «incentivar el respeto de la propiedad privada, incorporando al ordenamiento jurídico medidas de tipo administrativo que afectan los intereses de quienes recurran a las vías de hecho en la reclamación de tierras”.
Asimismo, la iniciativa insta al Gobierno Nacional a diseñar e implementar una política que promueva en la población la cultura de la legalidad y prohíba incentivar la ocupación indebida de predios, especialmente rurales.
La norma
La norma establece que “la Agencia Nacional de Tierras o la entidad que haga sus veces, se abstendrá de adelantar procedimientos de compra o titulación de tierras o inmuebles rurales invadidos”.
Igualmente prevé que “quien organice, lidere, promueva o de algún modo participe en la ocupación ilegal de inmuebles rurales, no podrá ser beneficiario programas de acceso o formalización de tierras”.
“En todo proceso de titulación o formalización de tierras, la Agencia Nacional de Tierras, o la entidad que haga sus veces, deberá consultar si el peticionario o interesado en ser beneficiario de tales programas está reportado en el Registro de Ocupantes Indebidos de Inmuebles Rurales que crea la presente Ley como ocupante indebido tierras o se encuentre incurso en procedimientos de protección de inmuebles conforme lo establece el artículo VII de la Ley 1801 de 2016”, determina la norma.
En relación con la creación del Registro de Ocupantes Indebidos de Inmuebles Rurales, se indica que este proceso estará a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, “el cual contendrá la relación de quienes sean declarados como ocupantes indebidos de inmuebles rurales o se encuentren incursos en procedimientos de protección de inmuebles conforme lo establece el artículo VII de la Ley 1801 de 2016”.
“En casos en que la presente acción preventiva se ejerza con ocasión de la ocupación indebida de inmuebles rurales, la Policía Nacional deberá reportar inmediatamente el evento, identificando a quienes organizaron, promovieron, dirigieron o participaron en tal vía de hecho al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el fin de ser incluido en el Registro de Ocupantes Indebidos de Inmuebles Rurales”, prevé el artículo 7 de la iniciativa.
Igualmente, determina que “el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio Cultura, diseñarán y pondrán en práctica una estrategia comunicacional de alcance nacional que promueva el respeto de la propiedad privada y sensibilice a la población sobre las consecuencias jurídicas de su violación”.
“El Gobierno Nacional, así como las entidades públicas de todo orden, se abstendrán de llevar a cabo acciones para promover o que puedan entenderse como incitación a desconocer el derecho a la propiedad privada en todo el territorio nacional”, se incluye en la norma.
Finalmente, prevé la adopción de sanciones administrativas y penales para los funcionarios públicos que “en ejercicio de sus funciones, promueva, incite, dirija o participe de ocupaciones indebidas de predios rurales”.
“Incurrirá en causal de mala conducta, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar, conforme lo previsto en el Código General Disciplinario”, puntualiza el proyecto.
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