Los gobernadores y alcaldes no podrán renunciar a sus cargos para salir a participar en campañas políticas según un proyecto de ley que fue radicado en el Congreso de la República.
La iniciativa, que es autoría de la senadora Paola Holguín y el representante a la Cámara Juan Espinal, busca homologar las incompatibilidades que contiene la Ley 617 de 2000 en los artículos 38 y 39, para evitar casos como el del exalcalde de Medellín Daniel Quintero.
El exmandatario renunció a su cargo el pasado 30 de septiembre para hacer campaña en favor de su candidato, Juan Carlos Upegui quien aparece segundo en las encuestas por debajo de Federico Gutiérrez con una sustancial ventaja.
Se pretende con la iniciativa que tanto gobernadores como alcaldes no puedan abandonar sus cargos para salir a participar en actividades proselitistas de manera inmediata.
Con la denominada ‘Ley Quintero’, «queremos evitar que un alcalde o gobernador, tome la decisión de renunciar para irse a una campaña electoral y hacerse reelegir en cuerpo ajeno”, explicó el congresista Juan Espinal.
La iniciativa fue radicada en la Secretaría General del Senado de la República y en los próximos días se designará el o los ponentes para iniciar su trámite en el legislativo.
Según la exposición de motivos «el proyecto de ley planteado tiene como objeto adicionar al numeral 2 del artículo 38 la frase “movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos”.
Así mismo, «incluir dentro del artículo correspondiente a la duración de las incompatibilidades de los alcaldes municipales, la prohibición de tomar parte en las actividades de los partidos políticos, con el fin de evitar que los funcionarios renuncien a su cargo para participar en política en época electoral».
«La necesidad de ajustar la Ley 617 de 2000, surge del vacío legal que se encuentra en cuanto a la posibilidad actual que tienen los alcaldes de renunciar a su cargo para
dedicarse a hacer política en épocas electorales, sin que la incompatibilidad perdure
por un tiempo razonable luego de haber dimitido de su cargo», se advierte en el texto.
Igualmente, «se pretende con la modificación que la prohibición para estos funcionarios públicos este vigente durante todo el periodo constitucional y 12 meses después de finalizarlo o de la aceptación de la renuncia».
De esta manera se busca evitar que los mandatarios que hayan renunciado usen los recursos de la entidad territorial en favor de una campaña, un candidato o una causa política, «dejando en desventaja a los demás participantes en la contienda electoral».
«Adicional a esto, se pretende evitar que los funcionarios pongan a disposición de estas causas el gabinete nombrado en su mandato y todo el capital humano disponible en la entidad, quienes cuentan con una prohibición expresa para
realizar proselitismo político», añade el texto de la justificación del proyecto.
En todo caso, según explica «deben abstener de participar en el debate
electoral y en las controversias políticas, sin perjuicio de su participación en el
derecho al sufragio».
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