Ante el Congreso de la República, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco desautorizó un informe del secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idarraga en el que señaló que 553 candidatos a concejos y alcaldías estarían inhabilitados para las elecciones del 29 de octubre.
Según el documento, se detectaron hallazgos que generarían inhabilidad a los candidatos debido a su participación en contratos públicos desde el 30 de octubre de 2022 hasta la fecha, en las ciudades y distritos donde inscribieron sus candidaturas.
Idárraga señaló que el informe se dio a conocer públicamente, a menos de dos semanas de las eleciones regionales, “en la necesidad de salvaguardar la conveniencia pública y garantizar la integridad, moralidad, honestidad y eficacia en el ejercicio de cargos o funciones públicas”.
Se explicó que “la cuestionable conducta de estos candidatos plantea serias dudas sobre su idoneidad para ocupar cargos de responsabilidad y liderazgo”.
En el caso de los candidatos a concejos municipales, se trata de 526 aspirantes que suscribieron un total de 214 contratos públicos en períodos inhabilitantes, con un valor combinado de $32.842 millones.
Según estimó “la magnitud de estas cifras arroja serias interrogantes sobre la transparencia y la ética en la competencia electoral”.
En relación con aspirantes a las alcaldías, la Secretaria de Transparencia señaló que se trata de 27, quienes también estarían incursos en inhabilidad.
Corresponde a candidatos de departamentos como Tolima, Valle del Cauca, Antioquia, Arauca, Sucre, Quindío, Nariño, Cauca, Meta, Cundinamarca, Bolívar y Santander.
“La amplitud de esta problemática sugiere la necesidad de una revisión exhaustiva de las prácticas electorales en múltiples áreas geográficas”, de acuerdo con el informe.
La información fue obtenida mediante el análisis de la Base Pública de registros de contratación estatal digital SECOPII y la Base Pública de candidatos electorales inscritos en las elecciones de 2023.
Detalló que se trata de una violación de las disposiciones establecidas en la Ley 617 de 2000, específicamente en los artículos 37 y 40.
“La preocupación en torno a la integridad de las elecciones y la moralidad de los candidatos se intensifica en un momento crucial para el país, exigiendo respuestas y acciones inmediatas por parte de las autoridades electorales y la sociedad en general”, puntualizó.
“No hay una Policía política”: MinInterior
Tras conocerse el informe, el ministro del Interior lo descalificó y dijo que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no tiene una Policía política, persiguiendo candidatos.
“La declaración que ha dado un funcionario de la Presidencia siento que no es pertinente ni es prudente”, dijo.
Agregó: “Quienes ostentamos cargos de tan alta dignidad tenemos que entender que si nuestra opinión va contra los intereses no de uno ni de cien sino de más de 500 candidatos, el camino más expedito más lógico que debemos transitar es de llevar esa opinión respetuosamente ante el Consejo Nacional Electoral”.
“Es el CNE el que tiene que decirnos quién está habilitado o quién está inhabilitado”, señaló.
Igualmente, indicó que “quienes ostentemos altas posiciones en el estado tenemos que ser respetuosos de esas decisiones y no correr el riesgo de que con afirmaciones abramos un debate que es evidentemente un debate político”.
“No hay en la presidencia ni es el estilo del presidente ni de los ministros una policía política persiguiendo a nadie, puede haber una situación de una mala percepción de la función que tiene que adelantar una persona en un momento dado, pero no es una política de este gobierno”, aseguró.
Y puntualizó: “Quien define en Colombia las habilidades o inhabilidades de los candidatos están definidos en la Constitución y este gobierno lo respeta”.
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