La Fiscalía General de la Nación informó este sábado que un juez condenó a la exjefe de la Oficina Asesora de Planeación del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Claudia Patricia Otálora Cano, en el marco del denominado “carrusel de la contratación”
De acuerdo con el ente acusador, la funcionaria incurrió en varias actuaciones irregulares detectadas en la contratación de obras públicas en Bogotá.
La Fiscalía señaló que en 2009 la exfuncionaria hizo parte del Comité de Adjudicaciones del IDU.
Indicó que en ejercicio de su cargo, participó en el direccionamiento de cinco contratos financiados con recursos de valorización, con el propósito de beneficiar a dos contratistas específicos con más de 80.000 millones de pesos.
«Las pruebas obtenidas por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acreditaron varias anomalías auspiciadas por la señora Otálora Cano y otras personas, entre estas la entrega de información reservada del proceso de selección a los aspirantes favorecidos para que ajustaran sus propuestas», dijo la directora especializada contra la corrupción, Martha Chavarro.
Explicó que los proyectos comprometidos ascendieron en valor a 84.000 millones de pesos, los cuales contemplaron la construcción de andenes, dos ciclos puentes, una calzada de la Avenida La Sirena (Calle 153), la intersección del deprimido de la Calle 94 y tres puentes peatonales.
«Fallas en la fase de planeación relacionadas con estudios y diseños incompletos, deficiencias en la elaboración de los presupuestos y limitación a la participación de otros oferentes. Por estos hechos, un juez penal de conocimiento de Bogotá condenó al exjefe de Planeación del IDU a 11 años de prisión», sostuvo Chavarro.
La Fiscalía concluyó que la mujer responderá por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, por lo que también se le impuso una multa equivalente a 130 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Igualmente, se determinó una inhabilidad de 127 meses (10 años) para ejercer cargos públicos luego de cumplir los 11 años en un establecimiento carcelario.
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