El Juzgado Segundo Penal de Circuito Transitorio de Bogotá revocó el beneficio de detención domiciliaria de la patrullera Dana Alejandra Canizales Bonilla vinculada al proceso que se adelanta por las chuzadas ilegales a Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de la directora de Prosperidad, Laura Sarabia.
De acuerdo con la decisión de la juez, en segunda instancia, la uniformada deberá cumplir la medida de aseguramiento en un centro penitenciario.
Según el fallo, la patrullera de la Policía hasta el no está adelantando el respectivo trámite para desvincularse de la institución, por lo que todavía puede tener acceso a información reservada y afectar así el curso de la investigación.
“Existe un riesgo de reiteración, que puede darse en otras investigaciones, existiendo el riesgo para la sociedad, peligro para la víctima”, señaló la juez.
Añadió que “para este despacho el hecho que la imputada esté aislada en el municipio de Rovira, Tolima, y que se le haya prohibido salir de dicho lugar no garantiza el cumplimiento de los fines constitucionales de la medida de aseguramiento pues para nadie es un secreto que cualquier cuenta con las herramientas informativas desde cualquier lugar, lo que representa un riesgo de reiteración”.
Se tuvo en cuenta, además, las conductas imputadas por la Fiscalía a la patrullera, quien habría falsificado informes para que las líneas telefónicas de las dos exempleadas de Sarabia fueran anexadas a una investigación contra alias Siopas, uno de los comandantes del Clan del Golfo.
“También existe el riesgo de obstrucción a la justicia, pues nada impide que Dana, desde cualquier lugar, pueda acceder a la información por internet”, detalló la juez en el documento.
Enfatizó en que “igualmente no existe un acto administrativo de sus desvinculación (a la Policía) donde muy seguramente debe presentarse a laborar. Existen muchos riesgos”.
Confirman decisión sobre cuatro uniformados
Así mismo, la juez confirmó en segunda instancia que los cuatro policías de la Sijín y la Dijín, que estarían involucrados en estos mismos hechos continúen privados de la libertad.
Se trata de cuatro agentes de la Dijín de la Policía, procesados por participar en las chuzadas y un plan de montaje contra las dos exempleadas de la entonces jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro.
“Si se encuentran dados los presupuestos para inferir razonablemente que los imputados puedan ser un peligro para la comunidad por el número de delito enrostrados, pues están en riesgo las víctimas”, determinó.
Y agregó que “las conductas endilgadas son de suma gravedad. El caso que nos ocupa evidencia [que] la conducta atenta contra los bienes jurídicos de la recta impartición de justicia y la fe pública”.
Se tuvo en cuenta, según la decisión, que los agentes de la Policía tenían la capacidad para entender lo ilícito de su conducta y aún así lo siguieron haciendo.
“Haciendo uso de sus funciones, se infiere razonablemente, que falsificaron documentos públicos que impidieron la recta impartición de justicia, al hacer incurrir, presuntamente en error, a dos jueces de la Republica y dos delegados de la Fiscalía General”, enfatizó.
Dijo que existen pruebas documentales que permiten concluir que los documentos públicos “fueron alterados en su fecha, hora y contenido”.
“Por lo que los imputados, al seguir vinculados en la Dijín, pueden tener acceso a una serie de documentos y sistemas de información, pudiendo alterar pruebas que aún hacen falta. Y no solamente en la presente investigación, sino en otras que se adelantan en otras cuerdas procesales”, señaló.
En ese sentido, la juez consideró que, por su cargo, podrían inducir a error a otros testigos o presionarlos para que cambiaran su versión de los hechos.
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