La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó a la exsecretaria de Educación de Medellín, Martha Alexandra Agudelo Ruiz, al ser hallada responsable disciplinariamente por irregularidades en el ejercicio de su cargo en la administración del alcalde, Daniel Quintero.
De acuerdo con esta decisión, de primera instancia, no podrá ejercer funciones públicas por el término de ocho años.
Según la investigación, adelantada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1, Agudelo Ruiz es responsable de una falta calificada como gravísima, cometida a título de culpa gravísima, justificando así la imposición de la sanción disciplinaria.
La exsecretaria de Educación habría aprobado un contrato de forma directa para el programa Buen Comienzo con pleno conocimiento de que eran otros los mecanismos institucionales para celebrar dicha alianza.
Así mismo, la Procuraduría tuvo en cuenta para su decisión, testimonios, documentos, informes de interventoría, modificaciones, propuesta económica, expedientes contractuales, manuales de contratación y autos relacionados con investigaciones por este caso, entre otras pruebas.
Por último, la decisión de primera instancia puede ser apelada por la exfuncionaria, que anteriormente había sido imputada por la Fiscalía.
Otras investigaciones contra la administración Quintero
La Procuraduría General de la Nación abrió en la víspera (martes) dos investigaciones contra funcionarios y exservidores de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín en la administración de Daniel Quintero.
La indagación se adelanta por presuntas irregularidades en la firma y ejecución de dos contratos firmados con la Universidad Nacional y el canal Telemedellín para apoyar estrategias de comunicación de la ciudad.
Estas investigaciones se suman a la imputación de cargos que hará la Fiscalía contra siete exfuncionarios de la Alcaldía de Daniel Quintero por su presunta participación el hechos de corrupción y en los que se vieron afectados recursos públicos por más de 68.000 millones de pesos.
El jefe del ente acusador, Francisco Barbosa dijo que estos hallazgos se produjeron tras algunas denuncias que se convirtieron en investigaciones formales con responsabilidades puntuales.
Entre los delitos por los que deberán responder siete exfuncionarios y seis contratistas se encuentran, celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.
Según detalló el fiscal Barbosa, son irregularidades en la firma de cuatro contratos, durante la pandemia del covid-19.
Estos están relacionados con programas como el de zonas verdes, mantenimiento del Parque de las Aguas, apoyo logístico para la realización de eventos recreativos, deportivos y de actividad física y, la atención de niños, niñas y madres gestantes o lactantes del programa ‘Buen Comienzo’.
Quintero llevará estas investigaciones a la CIDH
Debido a estas investigaciones contra exfuncionarios de su administración, el exalcalde, Daniel Quintero anunció que llevará estos casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
«Pediremos a la CIDH medidas de protección para los miembros de Independientes y ex funcionarios de mi Gobierno que hoy soportan el asedio y la persecución en medio de una guerra jurídica o lawfare», señalo en su cuenta en X (Twitter).
Y añadió: «Amenazas, y procesos jurídicos en los que se les niega el derecho a la defensa y donde se aplica un doble racero: Contratos iguales, con procedimientos iguales, entre administraciones anteriores y la nuestra, reciben para ellos absoluciones y para los nuestros procesos jurídicos y hasta sanciones. Fuerza equipo. La justicia demora pero llega. Dios y tiempo».
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