La Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó a las autoridades de Perú que se abstengan de ejecutar por ahora la sentencia del Tribunal Constitucional que ordena la excarcelación «inmediata» del expresidente Alberto Fujimori.
De acuerdo con la petición, no se debe aplicar la decisión hasta examinar en detalle dicho fallo, con el objetivo de estudiar básicamente si cumple con los criterios establecidos en 2022.
El exmandatario se encuentra recluido en el centro penitenciario de Barbadillo, donde cumple una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad.
El expresidente peruano justificó su edad (85 años) y al delicado estado de salud para argumentar que debe purgar el resto de su pena fuera de la cárcel.
Sin embargo, la Corte Interamericana pidió que no sea excarcelado a la espera de ver si la última orden encaja con todos los criterios y resoluciones previas, con el objetivo básico de «garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta», masacres ambas por cuya responsabilidad tuvo que rendir cuentas Fujimori.
Igualmente, consideró que debe evitarse a toda costa que se produzca «un daño irremediable al derecho de acceso a la justicia» de las citadas víctimas, que sufrieron «crímenes contra la humanidad según el Derecho Internacional Penal», según la posición de la CIDH publicado por la emisora RPP.
El caso de Fujimori se remonta a diciembre de 2017, cuando el entonces presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, le concedió un indulto humanitario que, sin embargo, fue revocado por la Justicia apenas unos meses más tarde, en verano de 2018. Se abrió entonces un pulso judicial cuyo cierre parece ahora definitivo.
Además de su condena a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, el exmandatario peruano tiene por delante otro proceso penal, junto a varios de sus ministros de Salud, por las esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno.
La decisión
De acuerdo con la decisión publicada en su página web: «Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del penal de Barbadillo, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori, bajo responsabilidad».
Asimismo, el órgano judicial encargado de interpretar la Carta Magna peruana, resolvió «llamar severamente la atención» al juez Vicente Fernández Tapia, encargado de ejecutar la orden de excarcelación aprobada la semana pasada por el Constitucional, pero que declaró improcedente el fallo.
Así pues, los magistrados del Tribunal Constitucional “exhortaron” al juez Fernández Tapia a «poner más diligencia y celo en el cumplimiento de sus funciones al momento de ejecutar las sentencias estimatorias de ‘habeas corpus’», como es el caso del expresidente Fujimori.
El Tribunal Constitucional declaró a justado un recurso de reposición del ‘habeas corpus’ concedido en marzo de 2022 a Fujimori.
El Constitucional remitió la semana pasada al juzgado de Ica, donde se originó el ‘habeas corpus’ de 2022, la decisión de restablecer el indulto presidencial al exmandatario, si bien el juez encargado del caso, el mencionado Fernández Tapia, rechazó tomar tal decisión declarando el fallo como improcedente.
*Con información y fotos de Europa Press.
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