El 31 de diciembre termina el periodo constitucional de cuatro años del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien acaba de ser suspendido por la Procuraduría General de Nacional por presuntas irregularidades en el ejercicio de su cargo.
El caso está relacionado con un contrato firmado entre la administración y CorfeCali para la realización de la Feria de Cali virtual del año 2020, cuyo costo superó los 11.000 millones de pesos.
El ente de control, determinó que, al parecer, el funcionario pudo haber incurrido en una omisión de sus funciones de control, vigilancia y supervisión sobre el proceso de contratación.
En la decisión del Ministerio Público también fue destituido e inhabilitado para ocupar un cargo público por un periodo de 9 años, José Darwin Lenis, quien al momento del contrato ocupaba el cargo de secretario de Cultura y quien actualmente está al frente de la cartera de Educación.
Finalmente, la Procuraduría calificó la falta de los disciplinados como gravísimas, a título de culpa gravísimas.
Los hechos
El contrato fue suscrito para la realización de la Feria de Cali 2020, de manera virtual, teniendo en cuenta, que por esa época, el país atravesaba por la pandemia del covid-19.
Para realizar la versión 63 de la feria, se celebró un convenio por 11.020 millones de pesos y en el que, según la procuraduría, se habrían cometido algunas irregularidades.
Según el ente de control, la Secretaría de Cultura no proyectó unos estudios previos serios, integrales y sustentados que justificaran la cuantía del bilateral suscrito con Corfecali, dado que hizo el análisis de costos teniendo en cuenta los precios de ferias presenciales, a pesar de ser un evento virtual por las condiciones de aislamiento social.
El Ministerio Público determinó que como delegante, el alcalde Ospina no realizó vigilancia, control y seguimiento sobre las actividades adelantadas por el secretario de Cultura para determinar la cuantía del futuro convenio, ni asumió la responsabilidad que le correspondía como ordenador natural del gasto, permitiendo con ello “la realización de un proceso contractual contrario a derecho por parte de su delegado, el secretario de cultura de Cali”.
En consecuencia, señaló la Procuraduría, el mandatario cometió una falta calificada como grave con culpa grave por omitir la vigilancia que debió ejercer, pues, según señaló, tenía “la posibilidad de pedir explicaciones para encauzar el actuar de sus subalternos hacia la consecución de los fines de la administración municipal”.
En relación con el entonces secretario de Cultura, el Ministerio Público consideró que cometió una falta gravísima a título de culpa gravísima, por violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento que le correspondía observar en su condición de suscriptor del convenio.
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