Según cifras de Medicina Legal, los homicidios en Colombia crecieron en un 3,7 % y la tasa por cada 100.000 habitantes se ubicó en 27; las muertes en siniestros viales aumentaron en 2 %, los suicidios aumentaron en 10,4 % y las muertes accidentales en 3,2 %.
De acuerdo con el experto en seguridad, Hugo Acero, el aumento de las muertes violentas también se presentó en algunas ciudades capitales del país, especialmente aumentaron los homicidios.
En ese sentido, sobresale Cartagena, que durante la pasada administración duplicó la cifra de homicidios, su tasa pasó de 19,6 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2019 a 39,6 en 2023, le siguen, en aumento, Santa Marta, con un crecimiento de su tasa en un 47,4 %, Barranquilla 27,2 %, Cúcuta 19,2 %, Villavicencio 18,5 % y Bucaramanga 12,5 %.
Bogotá se mantuvo en una tasa cercana a 14 homicidios por cada 100.000 habitantes y lograron reducirla de manera importante, Cali 5,4 %, Ibagué 7,1 %, Pereira 9.9 %, Pasto 23,4 %, Medellín 40 % y Manizales 42,7 %, destacó en una publicación en la revista El Mundo Cambió.
Según Acero, este incremento de los homicidios en Colombia y algunas ciudades capitales está asociado al crecimiento y accionar de estructuras criminales organizadas que se disputan las distintas rentas criminales como el narcotráfico, microtráfico, minería ilegal, trata de personas, comercio ilegal de armas, contrabando, extorsión y algunas modalidades de hurtos.
Igualmente, destacó que las rentas criminales que se disputan de manera violenta, de ahí que el sicariato se haya disparado en el país.
A comienzos de 2022, Futuros Urbanos publicó un informe sobre el “Panorama del sicariato 2021-2022”, según el cual “entre 2017 y 2021 el homicidio por sicariato se duplicó en el país, al pasar de 4.080 a 8.161 casos respectivamente”.
«Este informe confirmó que la mayoría de los homicidios en Colombia se deben a la violencia estructural, ejecutada por delincuentes, y no a problemas de convivencia, como siguen creyendo algunas autoridades», señaló.
De acuerdo con las cifras presentadas en este informe, “si se suman los homicidios por sicariato y hurtos registrados entre 2017 y 2021, se tiene que el país pasó del 67,2% de los homicidios por violencia delincuencial en 2017 a 79,7% en 2021.
¿Qué hacer frente al incremento de la violencia?
Acero señaló que para reducir las muertes violentas se requieren planes especiales, en las que el Gobierno Nacional puede definir líneas de intervención e inversión en apoyo a las autoridades locales. Planes especiales para reducir los homicidios, las muertes en siniestros viales, los suicidios y las muertes accidentales. Entre ellas se encuentran:
– El Presidente Gustavo Petro debe trabajar coordinadamente con todos los gobernadores y alcaldes del país, no solo con los mandatarios locales afines a su gobierno.
– Hay que dejar atrás las confrontaciones públicas entre las autoridades de seguridad y justicia, entre el Presidente y el Fiscal y las demás autoridades de la Rama Judicial y gobiernos locales. Esto solo beneficia a los delincuentes y afecta, de manera grave, la seguridad de los ciudadanos.
– Todas las autoridades de seguridad, justicia y de control público deben trabajar por recuperar la confianza de los ciudadanos, que está en los más bajos niveles históricos. Esa confianza solo se recupera trabajando y entregando resultados en materia de seguridad y justicia que requieren los ciudadanos.
– En lo que tiene que ver con los homicidios, se requiere aumentar el nivel de esclarecimiento de este delito, que en algunas ciudades está en el 40%, es decir, apenas se conoce a 4 de cada 10 homicidas. Para esto se requiere incrementar de manera sustancial el número de investigadores judiciales de la Policía y de la Fiscalía, así como de fiscales especializados en este delito.
– Identificar, perseguir, detener y judicializar a los sicarios y demás asesinos. En el caso del sicariato, algunos de los asesinos son responsables de múltiples casos, sin que hasta ahora hayan sido detenidos y judicializados
– Trabajar de manera cercana y permanente con las comunidades afectadas. En los barrios no existe impunidad, los vecinos saben quién mata, roba y comete otros delitos, y no denuncian por miedo a la retaliación de los delincuentes y porque no tienen confianza en las autoridades. En este campo debe darse una intervención integral del Estado en los territorios donde se concentra la violencia y la delincuencia, donde además de los organismos de seguridad y justicia, participen instituciones de desarrollo social.
– Combatir el comercio ilegal de armas de fuego y ejercer control y decomisar armas ilegales y legales que portan los ciudadanos en las ciudades y territorios.
– Fortalecer el sistema carcelario y penitenciario. El hacinamiento, el control delincuencial de las cárceles y la reproducción de la violencia y la delincuencia que se genera en estos establecimientos, no se arregla solo con justicia restaurativa. Hay que acabar con la corrupción e ineficiencia del Inpec y la Uspec y mejorar las condiciones generales de reclusión en el país. Hoy, más del 60% de los establecimientos carcelarios no son adecuados y en la gran mayoría se violan los DD. HH.
– Ejecutar acciones contundentes en contra de las estructuras criminales organizadas, en el marco del Estado de Derecho.
– Hay que fortalecer y crear más organizaciones comunitarias, crear capital social, promover y capacitar a los ciudadanos en mecanismos alternativos de solución de conflictos y contar con programa de justicia cercana a los ciudadanos.
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