La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación en contra de cuatro integrantes de la Policía Nacional por las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza Buelvas y Fabiola Perea, exempleadas de la exjefe de gabinete del presidente Gustavo Petro y actual directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia Torres.
La decisión cobija al capitán Carlos Andrés Correa Loaiza, el intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua y los patrulleros Jhon Fredi Morales Cárdenas y Dana Alejandra Canizales Bonilla.
Se les acusa como presuntos responsables de los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público e interceptación ilícita de comunicaciones.
La investigación liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que los integrantes de la Policía Nacional, en ejercicio de sus cargos, estarían involucrados en diferentes actuaciones irregulares para obtener las órdenes de interceptación de las comunicaciones de dos exempleadas de la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia Torres.
En ese sentido, el capitán Correa Loaiza y el patrullero Morales Cárdenas presuntamente utilizaron información falsa para solicitar a un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con sede en Quibdó (Chocó), aval para intervenir dos líneas telefónicas que serían de alias La Madrina y alias La Cocinera, dos señaladas colaboradoras del ‘Clan del Golfo’.
Los elementos de prueba indican que los dos números celulares en realidad pertenecían a Meza Buelvas, exniñera de la casa de la exjefe de Gabinete y Fabiola Perea quien cumplió funciones domésticas para la funcionaria.
De otra parte, las evidencias dan cuenta de que el intendente Quinchanegua Quinchanegua y la patrullera Canizales Bonilla, al parecer, con documentos falsos, lograron que un fiscal de hurtos de la Seccional Bogotá ordenara intervenir las líneas celulares de las dos exempleadas, como parte de una investigación por la pérdida de un dinero en el lugar de residencia Sarabia Torres.
La Fiscalía estableció que los uniformados habrían inducido en error a los fiscales, quienes creyeron en sus solicitudes; y a los jueces de control de garantías que legalizaron las interceptaciones.
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