De acuerdo con el portal Siedco, sobre estadística delictiva, de la Policía Nacional, en 2020 los ciudadanos colombianos reportaron, 8188 casos; durante 2021, 8342; en 2022, 9791, y en el 2023, 9871.
Es decir, el delito ha ido en aumento en los últimos cuatro años, y al comparar el número de casos entre el 2020 y el 2023, la cifra de la conducta criminal tuvo un incremento del 20,5 %.
Los casos donde más se presentaron denuncias por extorsión se concentraron en los departamentos de Cundinamarca (1827), Antioquia (1725), Atlántico (1227), Valle del Cauca (1010) y Norte de Santander (525 casos).
Extorsión desde las cárceles
Uno de los focos de acción de organizaciones dedicadas a la extorsión se encuentran en las cárceles, desde donde se sigue cometiendo este delito, pese a las medidas que se han adoptado, especialmente, para el control del uso de celulares.
En ese sentido, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado a las instituciones que tienen que ver con la vigilancia y control de los centros penitenciarios a tomar acciones concretas y contundentes, para que estos sitios sigan siendo utilizados para estos hechos delictivos.
“Aunque las denuncias instauradas por la ciudadanía afectada darían cuenta de que las extorsiones provienen de grupos ilegales organizados y bandas criminales, el sistema penitenciario y carcelario no es ajeno a la ocurrencia del ilícito, desde donde los internos, a través de llamadas de celular, extorsionan”, aseguró.
Incluso, se ha conocido de casos en los que algunos directores de los establecimientos carcelarios y funcionarios del Inpec están siendo amenazados por la población privada de la libertad, como ha venido ocurriendo en la cárcel de Tuluá, en el Valle del Cauca, en las penitenciarias de Palogordo y Modelo, en Santander, pero también en otros centros.
“Si bien valoramos la “Operación Dominó”, liderada por el Inpec, se requiere un mayor esfuerzo presupuestal del Gobierno Nacional para que haya una modernización del sistema penitenciario en tecnología de punta 4G o 5G«, indicó el defensor del Pueblo.
Y añadió: «sobre todo porque, además de que hay pocos inhibidores de señal de dispositivos móviles en las cárceles, los que existen tienen tecnología obsoleta 2.5G”.
De los 125 establecimientos de reclusión del orden nacional a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), únicamente en 16 ha sido instalado el sistema de inhibición de señal, sin embargo, de ellos solo en seis funcionan los inhibidores y con tecnología 2.5G.
“Combatir ese delito requiere una actuación conjunta y coordinada desde las diferentes instituciones del Estado, es por ello que solicitamos una mayor articulación entre los ministerios de Justicia, Defensa y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones», enfatizó
Aseguró que estas acciones debe tener como objetivo «implementar con urgencia planes efectivos, idóneos y eficaces para contrarrestar los casos de extorsión y amenazas que se han presentado en las cárceles colombianas”.
La Defensoría hizo un llamado al Inpec a consolidar convenios con las empresas operadoras del servicio de telefonía celular.
Esto con el propósito de que se permitan generar mecanismos de prevención, como la identificación en los equipos de comunicación de los ciudadanos de las llamadas de celular que sean realizadas desde los establecimientos penitenciarios y carcelarios.
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