Luego de que el presidente Gustavo Petro señalara que debido a las investigaciones que adelanta la Fiscalía por presuntas irregularidades en su campaña electoral de 2022, el Pacto Histórico anuncio que llevara esta situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Como se recuerda, el pasado viernes, el mandatario publicó un extenso mensaje en su cuenta en X (Twitter) en el que hizo un llamado a las organizaciones de derechos humanos y otros sectores a dirigir su mirada a lo que, según él, está pasando en Colombia con su Gobierno.
Incluso aseguró que “políticos corruptos y sectores corruptos de la Fiscalía buscan la salida del presidente y dijo que desde la Fiscalía se estaría orquestando un golpe de estado.
Cuestionó las acciones judiciales que ha emprendido el ente acusador, como el allanamiento a la sede de Fecode, por un aporte de 500 millones de pesos a la campaña presidencial, sin que haya quedaron registrados en los libros oficiales.
Tras ese llamado, el Pacto Histórico, que llevó al poder al presidente Petro anunció que pondrá en marcha una ofensiva internacional: instaurará una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que ese tribunal investigue lo denunciado por el jefe de Estado.
El representante a la Cámara Alejandro Toro uno de los voceros de ese movimiento político dio a conocer los puntos que preocupan al partido de Gobierno.
– Suspensión de funcionarios gubernamentales.
– Investigaciones y allanamientos.
– Presiones ilegales a testigo con el objetivo de incriminar al presidente Gustavo Petro.
– Criminalización de apoyos políticos.
– Uso de instituciones para persecución política.
Igualmente, señaló que el Pacto Histórico considera que se han cometido varias violaciones a los principios democráticos:
– El derecho a la justicia y al debido proceso.
– La libertad de asociación y expresión.
– El derecho a participar en el gobierno y en la vida pública de su país.
Explicó que ese movimiento espera que la CIDH, admita la denuncia y la examine de acuerdo con sus procedimientos y realice una investigación imparcial sobre los hechos denunciados.
Finalmente, instó “al Estado colombiano a garantizar el respeto a los principios democráticos y los derechos humanos, incluyendo el derecho a un juicio justo, la libertad de expresión y asociación, y la participación política”.
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