La Corte Suprema de Justicia aplazó nuevamente la votación para la elección de la nueva fiscal General de la Nación en reemplazo de Francisco Barbosa quien termina su periodo constitucional.
De acuerdo con el presídente del alto tribunal, Gerson Chaverra, el proceso seguirá debido a que ninguna de las mujeres que hacen parte de la terna Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez alcanzó los 16 votos necesarios.
“Tengo para informarles a ustedes y al país que sesionamos en condiciones de normalidad, adelantamos la ronda de votación para la elección de la nueva fiscal general de la nación, hicimos dos rondas de votaciones y el resultado final es que ninguna de las candidatas por el momento sacó los votos requeridos para ser declarada como elegida la nueva fiscal general de la nación, señaló.
Agregó: “Conforme a nuestro reglamento se requiere una mayoría de 16 votos. La Corte continuará cumpliendo con su función constitucional en el marco de este proceso en nuestra próxima sección ordinaria de Sala Plena”.
En medio del asedio
La sesión de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se dio en medio del asedio que se vivió por parte de grupos de manifestantes que atendieron el llamado a la movilización hecha por el presidente Gustavo Petro.
Ante esta situación, el alto tribunal rechazó estas acciones que obligó incluso a los magistrados a permanecer en el interior del Palacio de Justicia.
«La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la Capital de la República. Situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país», de acuerdo con el documento leído por el presidente de la Corte,
Agrego: «Como no solo lo ha manifestado sino consagrado siempre en sus providencias, la Corte defiende y garantiza el legítimo derecho a la protesta pacífica y la divergencia de posturas ciudadanas e institucionales en los asuntos públicos de la Nación».
«Sin embargo, condena en esta oportunidad el bloqueo violento e ilegal al que es sometida nuestra casa de justicia», enfatizó.
«Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado», enfatizó.
Igualmente, señaló que «la democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia».
«En un Estado de derecho como el colombiano, la función judicial solo está sometida al imperio de la ley. Todo conflicto o diferencia deben ser tramitados por medio de los procedimientos institucionales consagrados en el orden jurídico», aseguró.
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia exige al Gobierno Nacional brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamiento o amenazas».
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