“Los grupos armados ilegales son los mayores vulneradores de derechos de los periodistas, como también lo son las organizaciones criminales y las estructuras de delincuencia común”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, a propósito del Día del Periodista en Colombia.
Al enviar un saludo, consideró que el periodismo es uno de los cimientos de la democracia, y reiteró el compromiso de la entidad con el respeto a la libertad de prensa.
“Hacemos un llamado a la institucionalidad del Estado a respetar y proteger a quienes ejercen el periodismo en el país, dado que en los últimos meses hemos venido observando con preocupación algunas vulneraciones a sus derechos», indicó.
Aseguró que así quedó evidenciado “en los resultados preliminares de un informe en el que venimos trabajando, el cual da cuenta de las vulneraciones de las que son objeto los periodistas”.
Uno de los hallazgos preocupantes del informe, el cual será dado a conocer de manera oficial en las próximas semanas y cuyo fin es identificar y visibilizar las amenazas y desafíos que enfrentan los periodistas en el territorio colombiano, tiene que ver con las vulneraciones a su vida e integridad física.
Según los datos recopilados, el 37 % de los profesionales de la comunicación encuestados reportó haber experimentado algún tipo de acción que los puso en serios riesgos mientras ejercían su labor.
“En el 67 % de los casos, los principales vulneradores fueron los grupos armados ilegales, las organizaciones criminales y las bandas delincuenciales. El ambiente de miedo y fragilidad es un serio obstáculo para la libertad de prensa y el derecho a mantener informada a la sociedad”, recalcó Camargo Assis.
El Defensor afirmó que el estudio-encuesta de ese organismo humanitario deja en evidencia cómo los periodistas pasan a formar parte de un grupo en permanente situación de vulnerabilidad, debido al contexto de un entorno marcado por la violencia sociopolítica, el crimen organizado y el conflicto armado.
Hizo un llamado a los actores armados al margen de la ley, a los criminales y a los delincuentes que “dejen por fuera de su accionar violento a los periodistas«.
Aseguró que, por su parte, «el Estado colombiano debe brindarles todas las garantías para que puedan realizar su labor periodística, que se constituye como un pilar esencial del Estado social y democrático de derecho”.
El informe analiza otros fenómenos relacionados con los ataques a la integridad psicológica y moral y al buen nombre, así como las vulneraciones a los derechos económicos, contractuales, laborales y de seguridad y protección social.
El documento dará cuenta de actores relevantes, como líderes políticos y servidores públicos, que estarían involucrados en las intimidaciones reportadas por los periodistas.
La Delegada para la Protección de los Derechos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresión, reafirmó su compromiso en la búsqueda de estrategias que propendan por el respeto y garantía de los derechos fundamentales de los periodistas en todas las regiones del país.
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