La Defensoría del Pueblo alertó sobre la disputa territorial entre las Autodefensas Gaitanitas y el Tren de Aragua que tiene en alerta nueve localidades de Bogotá.
El organismo humanitario advirtió que Los Mártires, Santa Fe, Puente Aranda, La Candelaria, Antonio Nariño, Tunjuelito, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos son las zonas en las que se presenta esta situación.
De acuerdo con la Alerta Temprana 004 de 2024 en estas localidades se presentan altos índices de población flotante, y una densidad importante del territorio concentra actividades comerciales e industriales.
“La expansión de la violencia en Bogotá, originada por disputas entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el grupo criminal ‘Tren de Aragua’, es la principal causa por la que emitimos este documento de alerta”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Añadió que “es una forma de advertir a las autoridades sobre el riesgo que aumenta para un número importante de habitantes de nueve localidades de la capital colombiana”.
Recordó que, en 2019, se había expedido una Alerta Temprana 046 para los sectores de Los Mártires, Santa Fe, Puente Aranda y La Candelaria, tal como lo había indicado en el 2019 con su Alerta 046.
“Pero esa situación está sucediendo ahora en Antonio Nariño, Tunjuelito, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos”, señaló.
Las formas de violencia en 22 UPZ
Según determinó la Defensoría del Pueblo, se han incrementado las acciones de violencia selectiva e indiscriminada a través de amenazas de muerte, homicidios selectivos o masacres, desapariciones forzadas y extorsiones.
Indicó que las personas están siendo víctimas de métodos y medios que generan terror en la población civil, tales como panfletos, llamadas intimidantes, videos o correos electrónicos amenazantes.
De acuerdo con la Alerta Tempranan, son fenómenos de violencia, que concretamente exponen a los habitantes de 22 UPZ (unidades de planeamiento zonal donde habitan alrededor de 954.000 personas, el 11.8 % de la población total de Bogotá) de las nueve localidades.
En esas UPZ hay altos índices de población flotante, así como una densidad importante del territorio donde se llevan a cabo actividades relacionadas con el comercio y la industria.

Igualmente, se registró el control que ejercen los grupos criminales de redes de trata y explotación sexual, mendicidad ajena y trabajos forzados. Igualmente, se mantiene el riesgo por vinculación, uso y utilización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, principalmente para expendio de drogas y armas. Por todo esto, se dieron casos de desplazamientos forzados intraurbanos.
Las alianzas criminales
La Defensoría del Pueblo señaló que las acciones criminales son cometidas por grupos con los que tienen alianzas tanto las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo) como el ‘Tren de Aragua’.
«El ‘Tren de Aragua’ financia a ‘Los Satanás’, que está en guerra por el territorio contra grupos criminales vinculados a las AGC, como la ‘Oficina de San Andresito’ y ‘Los Boyacos’, entre otras estructuras locales, como ‘Los Camilos’, ‘Los Costeños’, ‘Los Paisas’ y ‘Los Pereiranos’”, enfatizó Camargo Assis.
Indicó que Bogotá vive su propio conflicto interno “que, como en otras regiones, está permeado por el narcotráfico, por eso el llamado urgente es a que las variadas formas de violencia no avancen a otras zonas de la capital de los colombianos, pero también, a que sean contenidas y, en el mejor de los casos, anuladas”.

Estimó que debido a esas acciones, existe un riesgo para todos los habitantes, aunque, son especialmente críticas para la población socialmente estigmatizada.
Específicamente, recicladores y carreteros, personas dedicadas a actividades sexuales en contextos de prostitución, migrantes venezolanos y consumidores de sustancias psicoactivas, que la hace más susceptible a ser instrumentalizada por los grupos criminales en las localidades afectadas.
“La implementación de medidas efectivas de prevención, atención y protección, a cargo de las autoridades civiles y las fuerzas del orden del Distrito Capital, se hace necesaria en estos momentos para salvaguardar las distintas poblaciones que habitan en las 22 UPZ de las nueve localidades en riesgo”, puntualizó el defensor del Pueblo.
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