Estados Unidos confiscó este lunes el avión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que se encontraba en República Dominicana y lo trasladó hasta un aeropuerto en Florida, en lo que viene a ser una nueva escalada de las sanciones de Washington sobre las autoridades del chavismo.
Se trata de un hecho «inaudito» que manda un «claro mensaje» de que nadie está por encima de la ley, de que «nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses», dijo un alto funcionario del Gobierno, en declaraciones a CNN.
La aeronave presidencial, de matrícula T7-ESPRT, está valorada en unos 13 millones de dólares, ha permanecido en República Dominicana durante los últimos meses, si bien no han trascendido los motivos.
«Incautar el avión de un jefe de Estado extranjero es un hito en asuntos criminales. Estamos enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley, nadie está fuera del alcance de las sanciones estadounidenses», le dijo la fuente a CNN.
Las autoridades estadounidenses informaron a Caracas de la incautación, según señaló esta fuente a la citada cadena de televisión.
Un comunicado de prensa del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirmó que el avión fue confiscado “basándose en violaciones de las leyes de control de exportaciones y sanciones de Estados Unidos”.
“Esta mañana, el Departamento de Justicia confiscó una aeronave que, según alegamos, fue comprada ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de Estados Unidos para su uso por Nicolás Maduro y sus compinches”, dijo el fiscal general Merrick B. Garland.
“El Departamento seguirá persiguiendo a quienes violen nuestras sanciones y controles de exportación para evitar que utilicen recursos estadounidenses para socavar la seguridad nacional de Estados Unidos”, señaló.
Se informó que varias agencias federales estuvieron involucradas en la incautación, entre ellas, además del Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad y el Departamento de Justicia.
Los funcionarios estadounidenses trabajaron estrechamente con la República Dominicana, que notificó a Venezuela sobre la incautación, según uno de los funcionarios estadounidenses.
A principios de año, Estados Unidos impuso nuevas sanciones al sector energético de Venezuela en represalia por no haber organizado, a su juicio, unas elecciones libres.
Una situación que se ha agravado después de que una parte de la comunidad internacional no haya reconocido el triunfo de Maduro en las urnas.
*Con información de Europa Press
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