En medio de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud a varias EPS, el presidente Gustavo Petro se refirió, en específico, a la estatal Nueva EPS, de la que afirmó estaba en crisis por responsabilidad del manejo, según dijo, de Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
Tras esas declaraciones, fue interpuesta una acción de tutela contra el mandatario ante el Consejo de Estado, que le ordenó retractarse por incurrir, presuntamente, en injuria y calumnia.
A través de su cuenta en X el jefe de Estado publicó un extenso documento en que responde a la orden del alto tribunal, y en el que, para algunos, parcialmente, lejos de acatar el fallo, lo que hizo fue ratificarse e incluso acudir a la objeción de conciencia.
Aunque en uno de los párrafos señaló: «Me retracto de la afirmación que hasta hoy es materia de investigación», en seguida enfatizó en que se han encontrado presuntas irregularidades en la Nueva EPS cuando Enrique Vargas Lleras era miembro de la Junta Directiva.
En ese sentido, dijo que esta «corresponsabilidad debe ser investigada penalmente como hoy se hace» y que se esperarán los resultados de las pesquisas.
Luego, el mandatario señaló que se acogía a la objeción de conciencia frente a la orden de retractarse en un plazo de cinco días, presentando excusas públicas a Enrique Vargas Lleras.
«Ordénese al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, se retracte y presente excusas públicas al accionante por las publicaciones del 28 de mayo, 31 de mayo y 4 de junio de 2024 y la alocución del 6 de junio de 2024”, de acuerdo con el fallo.
Y se determinó que “para el cumplimiento de la orden, el pronunciamiento emitido deberá publicarse y permanecer en las cuentas de redes sociales de la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la cuenta personal de X.com».
Sin embargo, en la publicación el presidente Petro señaló: «No busco que se deje de aplicar la ley, ni que se dejen de cumplir los fallos judiciales, pretendo que, por razones de conciencia, se me permita apartarme del cumplimiento de esta orden judicial en concreto».
Aseguró que está obligado a «adoptar un comportamiento inflexible» frente a los posibles abusos contra el sistema de salud, por lo que pidió que se le permita acogerse al artículo 18 de la Constitución.
«Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia», indicó el jefe de Estado.
“Mi objeción de conciencia en el presente caso está ponderada con la naturaleza de un reparo genuino, la seriedad en la que he asumido la defensa de los recursos públicos y la certeza de que, al día de hoy con la información disponible, me habilita constitucionalmente a apartarme del cumplimiento de esta orden judicial», enfatizó.
Presidencia de la República impugna fallo
Simultáneamente, a la respuesta hecha por el jefe de Estado en su cuenta en X, la Presidencia de la República impugnó la decisión del alto tribunal.
En el documento, se advirtió que en el fallo de primera instancia, se «incurrió en errores de valoración al concluir que las declaraciones del Presidente de la República vulneraron los derechos fundamentales de Enrique Vargas Lleras».
Igualmente, alegó que en las declaraciones del primer mandatario nunca se le imputaron delitos a Vargas Lleras, exintegrante de la junta directiva de la Nueva EPS.
«En ningún momento se imputaron delitos concretos a Enrique Vargas Lleras, no se realizó un juicio de responsabilidad penal por la existencia de un desfalco millonario, por esconder y no pagar facturas por $5.5 billones, tampoco se indicó que este haya autorizado gastos billonarios innecesarios, hubiese realizado negocios particulares y/o financiado con estos recursos un partido político», de acuerdo con la impugnación.
Añadió: «Solo se señaló que estos hallazgos preliminares sobre presuntas irregularidades permitían al primer mandatario cuestionar el manejo que se dio al interior de la Nueva EPS de los recursos públicos que se destinan a la salud».
Tanto la respuesta del presidente como la impugnación radicada serán analizadas por el Consejo de Estado, para determinar si son suficientes los argumentos o se le ordena, en segunda instancia, retractarse.
De no hacerlo, el mandatario podría ser declarado en desacato y cumplir sanciones restrictivas de su libertad.
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