El Consejo de Estado ordenó al presidente, Gustavo Petro, para que en un término de cinco días se retractara de varias declaraciones contra Enrique Vargas Lleras, a quien señaló de utilizar recursos de la salud para beneficio de su familia.
Aunque el mandatario hizo una publicación respondiendo a la decisión del alto tribunal, lejos de retractarse, dijo que acudía a la figura de la objeción de conciencia al insistir en que sus palabras estaban enmarcadas en investigaciones aún vigentes.
“Me retracto de la afirmación que hasta hoy es materia de investigación. Hemos encontrado hallazgos de irregularidades en la Nueva EPS, donde Enrique Vargas era miembro de la junta directiva», según el documento.
Sin embargo, dijo que «esta corresponsabilidad debe ser investigada penalmente como hoy se hace. Esperaremos los resultados de las investigaciones”.
El mandatario aseguró que apelaba a la objeción de conciencia por las declaraciones en las que denunció presuntas irregularidades en la EPS.
“Esta conducta es producto de mis más íntimas convicciones sobre lo que he creído toda mi vida, es lo apropiado, lo correcto y lo justo, en relación con cómo debe funcionar el servicio de salud en un país con recursos escasos y con una profunda desigualdad entre sus ciudadanos y ciudadanas”, aseguró.
Incidente de desacato
Ante esta respuesta, Vargas Lleras pidió al Consejo de Estado abrir un incidente de desacato contra el presidente Petro, por considerar que no cumplió con la orden del alto tribunal de retractarse y ofrecer excusas públicas por vincularlo a irregularidades financieras en la Nueva EPS.
“Teniendo en cuenta que el presidente de la República no cumplió con las órdenes impartidas por parte del Consejo de Estado, mediante sentencia con fecha 27 de agosto de 2024, es claro que resulta procedente la iniciación del incidente de desacato”, de acuerdo con el documento remitido al tribunal.
Así mismo, solicitó medida de arresto y multa en contra del jefe de Estado, alegando que esas son las sanciones que se determinan en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, al no cumplir con la decisión del fallo de tutela.
“El presidente no se retractó como le ordenó el Consejo de Estado. El presidente presentó, fue un escrito de objeción de conciencia, lo que es muy diferente a retractarse”, señaló.
Añadió que “esperaba que cumpliera el fallo del Consejo de Estado. Que cumpliera con lo ordenado, y que presentara las excusas y la rectificación, restableciendo como lo ordena la providencia del Consejo de Estado, mi buen nombre y mi reputación y la de mi familia, en el tema relacionado con la Nueva EPS”.
“No cumplió. Es un esguince, aduciendo una objeción de conciencia, por sus más infinitas convicciones, pero el Consejo de Estado le ordenó rectificar que Enrique Vargas y su familia no tienen nada que ver con el ocultamiento de 5.5 billones de pesos en facturaciones, porque no tengo nada que ver con el ocultamiento de ese monto, ni de ningún otro”, enfatizó en entrevista con SEMANA.
Aseguró que el mandatario también debe dejar claro en la rectificació que “ni Enrique Vargas y su familia se beneficiaron de puestos, contratos y partidas presupuestarias dentro de la nueva EPS, porque nunca en la vida eso ha sucedido. No lo cumplió”.
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