Luego de que el Consejo de Estado admitió una tutela contra su locución en la que denunció la supuesta adquisición del software Pegasus por el anterior Gobierno, el presidente, Gustavo Petro, dijo que no “se le puede acorralar en sus decisiones legales y constitucionales”.
La acción fue interpuesta por un ciudadano quien consideró que con la intervención del mandatario hubo una vulneración de derechos por haber compartido, según justificó, información confidencial.
“Mi alocución es conforme a la ley de seguridad. Al presidente no se le puede acorralar en sus decisiones legales y constitucionales. No hay un discurso oficial que prescribir contra la personalidad libre del ser humano”, indicó el jefe de Estado.
Petro aseguró: “El presidente habla y actúa con libertad porque los seres humanos solo somos libres en una democracia. Al voto popular se le respeta”.
La acción de tutela fue interpuesta por Stefan Bravo Martínez, representante legal de la veeduría ciudadana denominada “Antioqueños por Colombia” o “Abogados por la verdad”.
De acuerdo con la acción interpuesta ante el Consejo de Estado, se busca proteger los derechos fundamentales a la vida, a la libertad de expresar y difundir pensamientos y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la de fundar medios masivos de comunicación y honra.
Para Bravo Martínez, con la alocución presidencial del pasado 4 de septiembre, se habrían vulnerado esos principios.
En la intervención radio-televisada, el mandatario denunció la supuesta compra en el gobierno de Iván Duque del programa de espionaje, por el que se habrían pagado 11 millones de dólares en efectivo.
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