En medio de la solicitud que han hecho diferentes sectores para que se estudie nuevamente la posibilidad de implementar la cadena perpetua a violadores y asesinos de menores de edad, la ministra de Justicia insistió en la rebaja de penas a quienes cometan estos delitos.
Pero no solo reiteró en esa propuesta incluida en la reforma a la justicia que será presentada a consideración del Congreso de la República, sino que dijo que ya la Corte Constitucional no avaló la cadena perpetua, por lo que el gobierno no tiene previsto incluir este tema en la iniciativa.
Y es que fue la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro quien puso sobre la mesa nuevamente la propuesta, luego de conocerse, que el confeso autor de la desaparición y crimen de Sofía, de 12 años, Brayan Campo Pillimue, era reincidente en estos hechos de violencia sexual.
En respuesta a esa solicitud, la ministra de Justicia señaló que la Corte Constitucional sentó jurisprudencia hace varios años sobre este tema.
“La posición del Gobierno tiene que ser bajo el marco constitucional. Desde ese punto de vista, la cadena perpetua está prohibida en Colombia”, aseguró.
En esa ocasión, al estudiar la exequibilidad del Acto Legislativo 01 de 2021, la Sala Plena de la Corte Constitucional, consideró, además que la norma representaba un retroceso en materia de humanización de las penas, política criminal y resocialización de los presos, uno de los principales objetivos de la cárcel.
“La resocialización de la persona condenada es el fin primordial de la pena privativa de la libertad intramural”, destacó, tras señalar además que el Legislativo trasgredió su poder “pues afectó un eje definitorio de la carta como lo es el estado social y democrático de derecho fundado en la dignidad humana y, en consecuencia, sustituyó la Constitución”.
Rebaja de penas
Pero además de eso, la ministra de Justicia insistió el la propuesta del Gobierno Petro de una rebaja de penas para quienes cometan delitos contra los niños.
«Lo único que se quiere es que la persona acepte su responsabilidad para que no haya impunidad”, dijo, al enfatizar en que el objetivo es garantizar que las personas asuman su responsabilidad judicial sin que esto implique la reducción de sanciones por debajo de los 14 años de prisión, que es la pena mínima establecida.
Según Buitrago, las estadísticas del observatorio revelan que el 53 % de los casos de abuso contra menores ocurre dentro de entornos familiares, mientras que el 27 % involucra personas cercanas a las familias.
Dijo que teniendo en cuenta esas cifras, se refuerza la necesidad de contar con una legislación efectiva que no permita que estos delitos queden impunes.
Explicó que la decisión de incluir la rebaja de penas en la reforma se basa además en cifras preocupantes de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, que advierten sobre un aumento en los casos que no llegan a ser sancionados.
“La reflexión es que, en muchos de estos casos, se está llegando a la impunidad, y es precisamente lo que se busca evitar con esta medida”, enfatizó.
Al referirse al caso de Sofía Delgado, dijo la reforma busca sancionar severamente estos crímenes, con lo que se pretende acelerar los procesos judiciales sin comprometer la justicia.
La ley no otorgará beneficios a quienes cometan estos delitos, pero se busca que los procesos judiciales se resuelvan con mayor agilidad, sin que ello implique impunidad», añadió.
Finalmente, aseguró que lo fundamental es que se castigue a los responsables y se evite que los casos queden sin resolver.
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