La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz hizo duros cuestionamientos a la designación de 18 exjefes paramilitares como gestores de paz hecha por el Gobierno del presidente, Gustavo Petro.
La designación fue hecha para que aporten «al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamientos con actores armados ilegales».
Sin embargo, entre los nuevos gestores de paz hay máximos responsables de los crímenes cometidos por el paramilitarismo, como crímenes de guerra y de lesa humanidad condenables, no solo en el ámbito interno sino en el internacional.
Incluso algunos de ellos se acogieron, en el pasado, a Justicia y Paz y fueron excluidos por continuar delinquiendo.
Para la defensora del Pueblo si bien parece positivo que contribuyan a finalizar las guerras que subsisten en Colombia porque tienen una deuda enorme con las víctimas y la sociedad, algunos de los grupos armados de hoy son herederos del paramilitarismo que en su momento no se desmovilizaron, o que reincidieron.
Por esa razón expresó algunas dudas. «¿Por qué esta vez sí podemos confiar en que van a contribuir a la paz si en el pasado no lo han hecho? ¿Por qué llamar hoy ‘gestores de paz’ a quienes han sido gestores de guerra y hoy están privados de la libertad después de haber reincidido? ¿Qué mensaje les enviamos hoy a quienes están cometiendo delitos de gravedad comparables a los que ellos cometieron en el pasado?», se preguntó.
Frente a este hecho puntual, Marín Ortiz destacó tres asuntos que deben tenerse en cuenta para evitar que estas gestorías de paz sean usadas para posibles reincidencias:
-La Resolución señala que el reconocimiento como gestores de paz no modifica su situación jurídica ni su régimen de libertad y tampoco conlleva beneficios judiciales. Esto es importante, pues la prevalencia de la justicia y las garantías de no repetición se reflejan en el cumplimiento de las penas por las que se encuentran privados de la libertad. Es esencial que una decisión del Gobierno no deshaga lo que la justicia ha logrado.
-Sería conveniente que la gestoría se desarrolle con base en un plan de trabajo muy preciso y público, que pueda ser objeto de monitoreo, para evitar cualquier riesgo que desvíe la labor que se les solicita.
-Las designaciones deben incluir un compromiso claro con la verdad, la justicia y la reparación hacia las víctimas. Los gestores de paz deben reconocer públicamente su responsabilidad en condiciones en que no sean puestos simbólicamente en la posición de que están «ayudando», sino en la de responsables que hoy se encuentran bajo estricta supervisión judicial: con la cabeza gacha ante la justicia y ante las víctimas. Ellos no son ni pueden ser vistos como referentes morales de la construcción de paz.
«La paz no puede construirse con el desconocimiento de los derechos de las víctimas»
Así mismo, estimó que «la paz no puede construirse sobre el desconocimiento de los derechos de las víctimas, especialmente de los derechos de las niñas, los niños, adolescentes y mujeres».
«Defender el derecho a la paz significa respaldar las decisiones de justicia transicional que han establecido responsabilidades o avanzan en ello. En consecuencia, cabe exigir que quienes se desmovilizaron y sometieron a procesos de justicia transicional asuman las consecuencias penales y de todo orden por su incumplimiento».
Añadió: «Si queremos que quienes cometen crímenes hoy dejen de delinquir por los diálogos de paz, debemos exigir el cumplimiento de sus compromisos a quienes les dimos la oportunidad de paz en el pasado. Se los debemos a las víctimas de ayer y a las de hoy».
«No es un beneficio jurídico… ni un día más ni un día menos de cárcel»: Petro
Al responder los cuestionamientos de la defensora del Pueblo, el presidente, Gustavo Petro, señaló que con la designación de los exjefes paramilitares «no es un beneficio jurídico lo que se otorga, ni un día más ni un día menos de cárcel».
«Cuando decidimos escoger gestor de paz, para finiquitar el proceso de paz hecho por el expresidente Uribe con los paramilitares, proceso que la corte constitucional quiso que se diera en términos de verdad, reparación a las víctimas, justicia y no repetición; no estamos otorgando ningún tipo de beneficio jurídico», aseguró.
Añadió: «Solo hemos dado una condición a unas personas que han sido determinantes del paramilitarismo y pueden ayudar a cerrar el proceso iniciado en el periodo del gobierno de Uribe».
«En esto, la verdad y la reparación genuina de las víctimas es fundamental, dado que en el proceso institucional, se perdieron muchos inmuebles, y aun falta espacios de verdad», enfatizo el mandatario.
Aseguró que «en este caso, gestores de paz, como dice el decreto, no otorga beneficios jurídicos, solo disposición de la persona a ser constructores de paz».
«Ser gestor de paz es una condición del ser humano, no un regalo; quien acepta esta condición, está dispuesto a resarcir las víctimas y a las garantías de no repetición», puntualizó el jefe de Estado.
Sigue reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales, advierte la defensora del Pueblo
En relación con la decisión de la JEP de imputar a los excomandantes de las Farc por reclutamiento, abuso sexual y otros delitos cometidos contra menores de edad, la defensora del Pueblo dijo que garantizar el derecho a la paz para los territorios debe tener un enfoque centrado en los derechos de las víctimas,
Sin embargo, advirtió que en lo que va corrido del año, se ha registrado el reclutamiento de 282 niños, niñas y adolescentes, más del 50% son indígenas y el 35% niñas y adolescentes mujeres.
“El conocimiento de desvinculaciones y rescates que no tenía registrados la entidad de derechos humanos demuestra cada día que el subregistro es muy alto”, señaló.
La JEP imputó a seis exintegrantes del Secretariado de las extintas Farc como responsables de crímenes de guerra relacionados con el reclutamiento y la utilización de más de 18.000 niños, niñas y adolescentes entre 1971 y 2016. El periodo en que se registraron más hechos fue entre el 96 y el 2016.
Durante el reclutamiento, niñas, niños y adolescentes sufrieron violencias sexuales, y por prejuicio, quienes formaban parte de la población LGBTIQ+.
Cinco pueblos indígenas fueron reconocidos como víctimas de estos hechos. El trabajo de la Sala de Reconocimiento de la JEP ayuda a entender más la magnitud del daño que el conflicto armado ha dejado a la infancia y adolescencia.
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