El Consejo de Estado, le pidió al presidente, Gustavo Petro ofrecer excusas por referirse a quienes participaron en la marcha de la oposición que se realizó el 24 de noviembre del año pasado como “victimarios”.
De acuerdo con el alto tribunal de lo Contecioso Administrativo, al resolver una tutela, con esas declaraciones, el mandatario «vulneró el derecho a la protesta».
«Mañana marcharán, convocan los victimarios, los que quieran que esta injusticia siga padeciéndose en el país, los que quieren que no haya una reivindicación para las víctimas, los que quieren que las hijas de los campesinos terminen en los burdeles de la gran cuidad o que el hijo del campesino termine levantando un fusil para matar a su hermano de sangre o a su hermano de tierra», escribió en ese momento el jefe de Estado en su cuenta en X.
Aunque el Consejo de Estado señala en su decisión que este tipo de publicaciones están enmarcadas en la libertad de expresión que cobija a todos los ciudadanos, incluido el jefe de Estado, la generalización que hizo hacia un grupo social excede los límites de opinión que tiene un funcionario público de su nivel de influencia.
«El discurso cuestionado fue proferido en ejercicio de la libertad de opinión del Presidente de la República. Con todo, debido a su calidad de servidor público y de máximo dignatario, sus declaraciones deben ser analizadas con mayor rigor”, de acuerdo con el documento.
Y añade que, sin embargo, “esto supone que sus opiniones deben contar con una justificación fáctica mínima, para evitar cualquier forma de estigmatización o discriminación».
Para el alto tribunal, el mandatario violó el derecho a la protesta porque «calificar a quienes ejercen su derecho a la protesta legítima de la forma en que lo hizo el Presidente de la República, constituye una injerencia que vulnera su derecho fundamental”.
“Estos apelativos («victimarios») no garantizan un escenario idóneo para su ejercicio, debido al alto grado de estigmatización que puede generar, lo cual va más allá de simplemente cuestionar la afinidad política de los convocantes y marchantes», detalla la sentencia.
Agrega que «los convocantes y participantes de las marchas son ciudadanos que, en ejercicio de su derecho fundamental a la protesta, deberían poder manifestar públicamente su desacuerdo con las políticas del gobierno actual».
Según el fallo, con los adjetivos referidos en su trino, el presidente estigmatizó a quienes convocaron y marcharon. Los tildó de «victimarios» y consideró que son «los que quieren que la injusticia siga padeciéndose en el país».
En el fallo, el Consejo de Estado advierte que si bien el mandatario tiene la potestad de plantear discusiones y defender sus posturas frente a las críticas en contra de su Gobierno, no puede usar en sus argumentos expresiones estigmatizantes.
Añade que las palabras del mandatario «generaron en el público la creencia de que sus opositores han cometido actos delictivos, con el único fin de descalificar la protesta o quienes participan en ella».
Al citar una sentencia de la Corte Constitucional, señala que este tipo de calificativos «se encuentran por fuera del ámbito constitucionalmente protegido de la libertad de expresión».
La decisión advierte que el discurso del presidente «en nada contribuye a la deliberación política sobre asuntos de interés general y las críticas en contra de sus opositores pudo haberlas formulado mediante mensajes respetuosos para manifestar su inconformidad con las marchas convocadas».
Teniendo en cuenta esas consideraciones, el Consejo de Estado ordenó al jefe de Estado que en un lapso de cinco días, «ofrecer disculpas públicas» por las vulneraciones cometidas con su declaración.
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