Un total de 238 miembros de la organización criminal venezolana del Tren de Aragua más 20 integrantes de la Mara Salvatrucha fueron expulsados desde Estados Unidos al Centro de Reclusión para Terroristas de El Salvador.
La decisión se tomó con base en una polémica ley estadounidense que capacita a su presidente, Donald Trump, a utilizar a poderes de guerra para acelerar las deportaciones de migrantes indocumentados acusados de pertenencia a organizaciones terroristas.
El anuncio fue realizado en redes sociales por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, quien precisó que la expulsión afecta a un total aproximado de 273 encarcelados.
De ellos, 250 miembros del Tren de Aragua, de los cuales 238 ya están en territorio salvadoreño, y dos líderes más 21 subordinados de la Mara Salvatrucha, la MS-13.
«El Salvador se ha comprometido a mantenerlos en sus excelentes cárceles a un precio justo, lo cual también ahorrará dinero a nuestros contribuyentes», señaló.
Rubio, describió a los expulsados como «extranjeros enemigos». Posteriormente, agradeció el poyo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, «el líder más fuerte en el tema de seguridad de nuestra región y un gran amigo de Estados Unidos».
El término empleado por Rubio coincide con el usado por la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la ley que invocó Trump el pasado sábado y que concede al mandatario amplísimas competencias para expulsar gente del país.
La ley está diseñada para ser invocada si Estados Unidos está en guerra con otro país, o si una nación extranjera ha invadido Estados Unidos o amenaza con hacerlo y capacita a la Administración a deportar inmediatamente a los detenidos.
Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se utilizó para justificar la detención y expulsión de inmigrantes alemanes, austrohúngaros, italianos y japoneses.
En su declaración, Trump apuntó específicamente al Tren de Aragua, considerada como «grupo terrorista» por Estados Unidos, que se han «infiltrado ilegalmente en Estados Unidos y están llevando a cabo una guerra irregular y realizando acciones hostiles contra el país».
Lo que dijo Bukele
Por su parte, el presidente de El Salvador, confirmó el traslado de los primeros 238 miembros del Tren de Aragua al CECOT por «un período renovable de un año» y de otros «23 miembros de la MS-13 buscados por la justicia salvadoreña, incluyendo a dos cabecillas. Uno de ellos es miembro de la estructura más alta de la organización criminal.».
«Como siempre, seguimos avanzando en la lucha contra el crimen organizado. Pero esta vez, también ayudamos a nuestros aliados, logrando la autosuficiencia de nuestro sistema penitenciario y obteniendo información vital para hacer de nuestro país un lugar aún más seguro. Todo en una sola acción», indicó.
Añadió: «Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una alta por nosotros. Con el tiempo, estas acciones, combinadas con la producción que ya generan más de 40.000 reclusos que participan en diversos talleres y labores bajo el programa Ocio Cero, contribuirán a la autosostenibilidad de nuestro sistema penitenciario. A la fecha, el costo es de 200 millones de dólares anuales».
«Esto nos ayudará a finalizar la recopilación de inteligencia y a perseguir a los últimos remanentes de la MS-13, incluyendo a sus antiguos y nuevos miembros, dinero, armas, drogas, escondites, colaboradores y patrocinadores. Que Dios bendiga a El Salvador y a Estados Unidos», puntualizó.
Estas deportaciones fueron anunciadas horas después de que el juez federal James E. Boasberg suspendiera durante 14 días la ejecución de cualquier tipo de deportaciones basadas en esta ley de guerra.
El magistrado tuvo que convocar dos sesiones: la primera para anular cinco deportaciones iniciales y la segunda para extender la primera anulación a cualquier futura deportación similar.
Según se desprende de la reacción jocosa de Bukele en su cuenta de X, «Ooops, demasiado tarde», escribió el mandatario, las expulsiones de los miembros del Tren de Aragua han ocurrido entre ambos dictámenes.
El magistrado actuó a petición de una demanda presentada por las ONG especializadas en Derechos Humanos Democracy Forward y la Unión Americana por las Libertades Civiles, que todavía no se han pronunciado al respecto de este anuncio.
*Con información de Europa Press
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