Una dura advertencia hizo este jueves el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríquez, quien dijo que la consulta popular del Gobierno del presidente, Gustavo Petro le costará al país unos 700.000 millones de pesos.
Y fue más allá dijo que para poder financiarla se deberán hacer recortes presupuestales, al señalar: “Es tan elemental y tan sencillo que si se le pone una carga de 700.000 millones de pesos, pues tendrán que salir de alguna parte”.
“Si no va con el flujo habrá que recortar”, insistió tras explicar que si el comportamiento en los cálculos de recaudo e ingreso del Estado no dan para financiar la consulta, se tendrán que hacer ajustes.
Advirtió que con el presupuesto desfinanciado, se hacen siempre recortes, lo que deriva en la búsqueda de reformas tributarias e implica “que el Estado adolezca de una política económica seria”.
Las cuentas del CNE
Hace apenas unos días, el presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, Álvaro Hernán Prada, había calculado que la consulta popular, con la que se busca sacar adelante las reformas sociales del Gobierno, tendría un costo de 600 mil millones de pesos.
La proyección se hizo tomando como base la consulta anticorrupción de 2018, que costó 350.000 millones de pesos.
De manera que teniendo en variables como la inflación del 5,2 %, y que el censo electoral creció en 5 millones de personas en los últimos 7 años, “se puede estimar que puede costar entre $500 y $600 mil millones”, dijo Prada.
¿En qué va la consulta popular?
El Gobierno Petro ha anunciado que el proceso de elaboración de la preguntas para la consulta popular avanza y que incluso se abrirá un espacio para que la ciudadanía haga sus aportes al cuestionario.
Una vez se tengan las preguntas, se debe enviar una solicitud al Senado y esta corporación legislativa cuenta con 20 días para analizar la convocatoria. Si la aprueba, el gobierno tiene 4 meses para hacer las elecciones.
Para que la consulta sea válida, se necesita que participe no menos de la tercera parte de los electores que componen el censo electoral. Actualmente, hay 40.963.370 personas habilitadas para votar y la consulta necesitaría que 13.6 millones de personas salgan a votar.
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