Esposa del Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en el ojo del huracán: denuncian presiones indebidas en contratos fuera de su jurisdicción

La revista CAMBIO publicó este domingo una columna del periodista Daniel Coronell, en la que denuncia que Beatriz Gómez Consuegra, esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, estaría ordenando adjudicar contratos, inclusive fuera de su jurisdicción.

De acuerdo con la publicación, Gómez Consuegra quien se desempeña como superintendente delegada para prestadores de servicios, estaría tomando decisiones que no le corresponden, ejerciendo presiones ilegales sobre funcionarios y forzando la firma de contratos sin respaldo técnico ni jurídico.

Según detalló, el caso más reciente involucra un proyecto de 55.000 millones de pesos para la adquisición de un buque hospital destinado a comunidades del Amazonas. 

Si bien el contrato debía ser gestionado por el Ministerio de Salud, la esposa de Jaramillo habría intervenido directamente, ordenando la firma del convenio sin que estuvieran garantizados los recursos necesarios para su operación.

La publicación de la revista CAMBIO señala que la operación del proyecto estaría a cargo del Hospital San Rafael de Leticia, bajo la ejecución del Ministerio, la agente interventora Lina Baracaldo, la Gobernación del Amazonas y Cotecmar, un astillero de la Armada.

Sin embargo, el desarrollo del proyecto presentó múltiples obstáculos precontractuales, entre ellos demoras en el Consejo Departamental de Política Fiscal, errores administrativos y aumento de los costos por parte del proveedor.

“Las demoras empezaron por las discusiones en el Consejo Departamental de Política Fiscal del Amazonas, se agravaron con errores en la transcripción de un texto por parte del Ministerio de Salud y empeoraron cuando los armadores del barco aumentaron los precios de construcción y transporte de la nave”, según Coronell.

Y añadió “Así las cosas, los costos de operación no estaban garantizados. Además, las comunidades indígenas, principales beneficiarias del buque hospital, pusieron una tutela porque el proyecto no les fue consultado, la Gobernación del Amazonas no respaldó la ejecución del plan y tampoco se aprobaron las vigencias futuras para que el hospital pudiera firmar el contrato”.

Ante el panorama, la agente interventora Lina Baracaldo y el asesor jurídico Mario Castro recomendaron suspender la ejecución hasta garantizar los recursos.

No obstante, el pasado 27 de marzo, de acuerdo con CAMBIO, Gómez Consuegra llamó a Castro con el fin de presionar la firma del convenio. Durante la conversación telefónica, que fue grabada por los funcionarios, Gómez Consuegra expresó: “Ustedes firman hoy… o mañana me presentan la renuncia. Es más de una vez”.

La intención era forzar la carga de los documentos en el Secop (Sistema Electrónico de Contratación Pública) ese mismo día, pese a los riesgos señalados por el equipo jurídico, advierte la publicación.

Detalló, además que en la llamada también estuvieron presentes Mónica González, directora de medidas especiales de la Superintendencia de Salud, y la contratista Nayith Arango.

Coronell afirmó haber contactado a Beatriz Gómez Consuegra, quien negó que la conversación haya existido. Indicó que el proyecto es competencia del Ministerio de Salud, no de la Superintendencia, lo cual fue confirmado por el periodista.

Sin embargo, al presentarle un fragmento de la grabación, Gómez Consuegra manifestó no reconocer su propia voz.

Otra parte del audio citado por Coronell registra una expresión tajante por parte de la funcionaria: “A mí me respetan, yo soy la superintendente. Aquí no más. No les permito una dilación más. Una falta de respeto más con la Superintendencia, con la Alcaldía, con el Ministerio. Es una falta de respeto, es una burla al país, a la Presidencia».

Cuatro días después de la llamada, el 2 de abril, la Superintendencia de Salud emitió una resolución en la que removió del cargo a Lina Baracaldo. 

El documento fue firmado por el superintendente Helver Guiovanni Rubiano y en su reemplazo fue designada Dennis Amparo Vásquez Arias, a quien Coronell identificó como una cuota política del Tolima.

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