La Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a la representante a la Cámara por Santander Mary Anne Perdomo por incurrrir presuntamente en los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y revelación de secretos .
La decisión se tomó casi un año después de que se iniciara una investigación en contra de la congresista por presuntas irregularidades en el desarrollo del contrato de una persona en su Unidad de Trabajo Legislativo, UTL.
Según la Corte Suprema de Justicia, Perdomo habría contratado a Laura Fernanda Rueda en enero de 2023 como parte de su UTL para recibir asistencia y asesoría, sin embargo, no existen reportes que certifiquen el trabajo de la asesora en la Cámara de Representantes durante más de ocho meses.
La decisión del alto tribunal se confirmó un día después de que el Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura de la congresista por incurrir en este hecho de corrupción tras considerar que habría incurrido en causales indebidas en la destinación de dineros públicos.
De acuerdo con el fallo del tribunal de lo contencioso administrativo, una serie de documentos y testimonios permitirían comprobar que la representante del Pacto Histórico tenía conocimiento de que la asesora Rueda no se encontraba cumpliendo con sus funciones de la UTL.
Incluso, señaló que la congresista tenía conocimiento de que se trataba de una conducta ilegal.
“Las pruebas recaudadas tanto en este proceso de desinvestidura, como las que se trasladaron de la Corte Suprema de Justicia, permiten concluir que la congresista acusada hizo parte de una simulación que llevó a la indebida destinación de dineros públicos, a través de una designación irregular de una integrante de su UTL, que estaba previsto no cumpliría función alguna”, indicó en su fallo el Consejo de Estado.
Igualmente, determinó que la asesora Rueda habría recibido más de 102 millones de pesos provenientes del erario por concepto de salarios y prestaciones.
El alto tribunal consideró que la representante por Santander sería la responsable de avalar un supuesto esquema de suplantación dentro de su UTL para mantener el desvío de recursos.
“Esta irregular y anómala situación, que pone de presente la distorsión o traición de la destinación de dineros públicos, configura conforme a las precisiones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo los presupuestos objetivos de la causal de desinvestidura”, puntualizó el Consejo de Estado en su fallo.
La representante a la Cámara tendrá que responder ante la Corte Suprema por su presunta responsabilidad en múltiples delitos relacionados con este presunto caso de corrupción.
En ese senido, se buscará establecer en el marco del juicio si la congresista facilitó la designación irregular de la integrante de su UTL en lo que correspondería a una apropiación indebida de recursos públicos.
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