La Fiscalía General de la Nación imputó a la exasesora del Ministerio de Hacienda y enlace de la entidad con el Congreso de la República, María Alejandra Benavides Soto, el delito de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo sucesivo.
De acuerdo con el ente acusador, «los medios de conocimiento obtenidos acreditan que, desde octubre de 2023 hasta marzo de 2024, la exfuncionaria recibió la instrucción de admitir de los senadores y representantes a la Cámara que conformaban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público proyectos contractuales en los que se interesaron ilícitamente».
Esto «a cambio de que concurrieran y votaran las operaciones de crédito público que el Ministerio de Hacienda había presentado al Congreso en julio del mismo año».
Según la Fiscalía, «los senadores y representantes relacionaron contratos de obra en Cotorra (Córdoba), por valor de 44.552 millones de pesos; Saravena (Arauca), por 32.500 millones de pesos; y en el corregimiento El Salado de Carmen de Bolívar (Bolívar), por 12.353 millones de pesos».
Igualmente señaló que «en ese sentido, Benavides Soto habría participado en la reunión en la que se solicitó al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez, tramitar y celebrar los proyectos contractuales en beneficio de los parlamentarios».
«Adicionalmente, suministró al exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, los nombres de los funcionarios de los entes territoriales y de los contratistas que referenciaron los congresistas para que iniciaran los trámites de contratación pública en su favor», señaló.
Añadió: «Con ocasión de las gestiones realizadas por Benavides Soto, entre otros, los integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público votaron las operaciones de crédito público puestas a consideración por el Ministerio de Hacienda».
La fiscal a cargo del proceso dio a conocer durante la audiencia de imputación de cargos contra la exfuncionaria del Ministerio de Hacienda, conversaciones con funcionarios de la UNGRD para, presuntamente, el direccionamiento de tres contratos.
Así mismo, la fiscal advirtió que la procesada habría entregado información relevante de contratos.
Finalmente, dio a conocer presuntas reuniones para direccionar contratación pública.
En el marco de este escándalo de corrupción, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó orden de captura contra los expresidentes del Senado, Iván Name y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
El alto tribunal consideró que la medida de seguridad en este caso resulta «idónea, necesaria, proporcional en sentido estricto, urgente, en atención a que la sola libertad de los procesados representaría un peligro cierto para la comunidad».
Puntualizó señalando que «desde su rol como congresistas, y desnaturalizando el mismo, afectaron y podrían continuar afectando (riesgo de reiteración), el desarrollo de una función esencial en las democracias constitucionales”.
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