El Gobierno de Estados Unidos emitió una nueva alerta a los ciudadanos de su país para que abandonen de inmediato Venezuela, debido al alto riesgo de detención arbitraria, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de leyes locales, criminalidad, disturbios civiles y deficiente infraestructura de salud.
Según la alerta nivel 4 se enfatiza en “el peligro extremo para los ciudadanos estadounidenses que viven o viajan a Venezuela”.
“No viaje ni permanezca en Venezuela Se recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales que se encuentren en Venezuela que abandonen el país de inmediato”, según el documento.
De acuerdo con la alerta, “el Departamento de Estado ha determinado que existe un riesgo muy alto de detención injusta de ciudadanos estadounidenses en Venezuela. Las fuerzas de seguridad han detenido a ciudadanos estadounidenses hasta por cinco años sin respetar el debido proceso”.
“El gobierno estadounidense generalmente no es informado sobre la detención de ciudadanos estadounidenses en Venezuela ni se le permite visitar a los detenidos en Venezuela”, añade.
Y agrega que “el gobierno estadounidense no tiene forma de contactar a los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, y a estos no se les permite contactar a sus familiares ni a un abogado independiente”.
“Según exdetenidos, así como organizaciones independientes de derechos humanos, los detenidos han sido sometidos a tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo palizas severas, inmovilización prolongada en posturas forzadas y ahogamiento simulado”, enfatiza.
Igualmente advierte que “los delitos violentos, como homicidios, robos a mano armada, secuestros y robos de vehículos, son comunes en Venezuela. Se producen mítines y manifestaciones políticas, a menudo con poca antelación”.
“La policía y las fuerzas de seguridad han reprimido brutalmente las manifestaciones prodemocracia o contra el régimen, incluyendo el uso de gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma contra los participantes, que en ocasiones derivan en saqueos y vandalismo”, agrega.
Así mismo, pone de relieve la presencia de “grupos terroristas colombianos operan en las zonas fronterizas de Venezuela con Colombia, Brasil y Guyana».
“La escasez de gasolina, electricidad, agua, medicinas y suministros médicos continúa en gran parte de Venezuela”, puntualiza.
Venezuela rechaza la alerta
Por su parte, el Gobierno de Venezuela rechazó «de forma categórica» la nueva alerta en la que advierte de un «extremo peligro para ciudadanos estadounidenses viviendo en o visitando» el país latinoamericano.
Calificó la advertencia como «un acto hostil cargado de cinismo, racismo y propaganda política, que busca alimentar la campaña de agresión permanente contra nuestro país», de acuerdo con un comunicado en el portal del Ministerio de Exteriores.
La cartera ministerial dirigida por Yván Gil calificó así de «acusaciones infundadas» las advertencias de Estados Unidos a sus ciudadanos.
«Esta alerta no busca proteger a nadie», señaló al considerar que se trata de «una herramienta de guerra psicológica y desinformación». «Venezuela es un país de paz», aseguró el Gobierno de Nicolás Maduro invitando a visitantes.
El Ejecutivo venezolano recordó en su nota que «es el propio Gobierno estadounidense quien secuestra, encarcela y desaparece a migrantes, incluidos niños venezolanos como Maikelys Antonella Espinoza Bernal (…) con el claro objetivo de utilizarla como rehén política en favor de la ultraderecha venezolana».
A finales de abril, el Gobierno de Venezuela denunció que las autoridades estadounidenses habían separado a la niña de dos años de su madre cuando esta fue embarcada en un vuelo de repatriación hacia territorio venezolano, dejando a la menor en suelo estadounidense.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos respondió entonces a las acusaciones, alegando que los padres formaban parte de la banda criminal ‘Tren de Aragua’ y que, por su seguridad, la menor había sido retirada del vuelo de deportación y puesta bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, tras lo que se la asignó a una familia de acogida.
*Con información de Europa Press
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