Ocho funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro fueron imputados dentro de las invetigaciones que se adelantan por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastre (UNGRD).
La Fiscalía en un comunicado señaló que se “avanza en múltiples actividades investigativas para lograr la judicialización de los presuntos responsables en el entramado de corrupción que direccionó la contratación y se apropió de recursos públicos de la Unidad”.
En ese sentido, indicó que tras las indagaciones que se han adelantado fueron radicadas solicitudes de imputación contra personas “involucradas en uno de los eventos delictivos detectados, la reducción de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT)”.
La decisión cobija al exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública y mano derecha del presidente Petro, César Manrique Soacha por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Recientemente, el juez primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá lo condenó a 120 meses, 10 años de prisión por los delitos relacionados con corrupción en la adjudicación de un contrato estatal.
La decisión está relacionada con una investigación que se le adelantaba cuando se desempeñó como gerente encargado del Fondo de Vigilancia de Bogotá en 2012.
Según se pudo determinar dentro del proceso Manrique Soacha direccionó de manera irregular la compra de 100 motocicletas eléctricas por un valor de 4.347 millones de pesos.
En el fallo judicial se señaló que el exfucionario del gobierno del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, convocó y firmó el contrato con la empresa Norbaum Technologies S.A., pese a que no tenía la facultad legal para hacerlo.
En el marco de la investigación, la Fiscalía General de la Nación evidenció sobrecostos en la compra, pues cada moto tuvo un precio unitario de 43 millones de pesos, incluyendo elementos como maleteros y kits de carga. Según la Contraloría, estos úlltimos elementos nunca estuvieron en los vehículos.
Otros funcionarios imputados
La Fiscalía imputó cargos por el caso d ella UNGRD a Édgar Riveros Rey, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
También se encuentran Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratistas por prestación de servicios de la UNGRD, imputados por los delitos delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
La imputación de cargos cobija a Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, representante legal y jefe de ventas, respectivamente, de la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral (Yapurutú), quienes son señalados por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
Finalmente, la Fiscalía anunció que la medida cobija a Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario del Departamento Administrativo de la Función Pública; y Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD, por el delito de lavado de activos.
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