El pasado jueves 15 de mayo, el país amaneció con una sorpresiva noticia, la renuncia de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago quien entrevistas con diferentes medios dio a conocer algunas razones, entre ellas, la supuesta injerencia de altos funcionarios del gobierno Petro en algunas decisiones de su despacho.
Y mencionó al ministro del Interior, Armando Benedetti y a la directora el Dapre, Angie Rodríguez, quienes han rechazado estas declaraciones, e incluso, se anunciaron acciones penales.
El presidente Petro fue más allá y dijo que “la razón fundamental por la que la ministra se va es porque yo pedí su renuncia… No hay que acusar a gente inocente, el responsable soy yo” tras declarar que “me parece que no son ciertos”, al referirse a supuestas presiones para nombramientos o salidas en el ministerio de justicia.
Aunque el tema pareció haber quedado ahí, el periodista Daniel Coronell en su columna en la revista Cambio titulada “Líneas prohibidas” hizo dos revelaciones sobre las presiones a las que fue sometida Buitrago y en las que están involucradas congresistas del Pacto Histórico.
Esos dos casos tienen que ver con la autorización para “la exportación de una sustancia controlada, saltándose la ley y la instrucción de una dependencia de la Presidencia para emitir un concepto desfavorable a una extradición”.
El periodista detalló que el pasado 23 de abril, un funcionario del ministerio de Justicia le dijo, mientras asistía a un debate en el Congreso de la República, que la senadora Gloria Flórez quería hablar con ella.
“Flórez venía acompañada por dos personas, al menos una de ellas de nacionalidad cubana quien se identificó como Ailene Díaz Estévez, gerente de la empresa Tecnosuma, una compañía biotecnológica de propiedad del Estado cubano”, reveló.
Y añadió que “esas personas le dijeron a la ministra que necesitaban exportar a la isla un material llamado cloruro de calcio dihidratado. Le explicaron que era urgente porque requerían el químico para efectuar hemodiálisis y atender pacientes diabéticos”.
Coronell aseguró que la ministra les explicó que se trataba de una sustancia controlada que aparece en el listado de precursores para la producción de cocaína y que “para exportarlo deben cumplirse unos requisitos legales que son verificados por la Dirección de Sustancias, la Policía Nacional y el Ministerio de Justicia”.
“La gerente de la empresa cubana replicó que ellos ya habían escrito a la Dirección de Sustancias y que tenían un problema: la empresa biotecnológica no era la misma que iba a exportar. La ministra contestó que la ley no contemplaba excepciones, y se comprometió a enviar las normas a la senadora Gloria Flórez. Efectivamente, lo hizo ese mismo día”, detalló.
15 días después, según la columna periodística, la exministra Buitrago recibió un mensaje de WhatsApp reenviado por la directora del Dapre: “Si le preguntan, como me preguntó la ministra, ¿por qué el proveedor no lo exporta directamente?, la respuesta es que por temor a las sanciones del bloqueo no hace exportaciones directas a Cuba, por ello Tecnosuma se encarga de la compra local y exportación, sin embargo, el producto viaja directo al aeropuerto sin que Tecnosuma lo almacene o maneje. Angie no olvides lo de Cuba por favor, ellos lo necesitan para salvar vidas. Es la firma de la ministra».
Coronell aseguró que en seguida, Angie Rodríguez le escribió: “Me dice la senadora Isabel Zuleta”, del Pacto Histórico, al referirse al mensaje reenviado.
“No había pasado un minuto desde la llegada del mensaje cuando le marcó a la directora del Dapre, pero ella no tomó la llamada. Respondió: “Doc, estoy con el presidente”, de acuerdo con la publicación.
«Concepto desfavorable de una extradición
Coronell también reveló otro hecho en el cual se buscaba que la exministra Buitrago emitiera un concepto jurídico para evitar una extradición.
“El martes pasado, 13 de mayo, al regresar de una visita a Washington, la ministra se encontró con un documento llamado “concepto desfavorable” que pretendían que ella firmara como propio, para justificar la no extradición del jefe de una disidencia guerrillera”, detalló.
Reveló que ese concepto fue preparadio por la politóloga María Paz Lara, de la oficina del comisionado de paz, Otty Patiño y que buscaba favorecer a Gabriel Yepes Mejía, alias HH, el cabecilla del grupo Comuneros del Sur, disidencia del Ejercito de Liberación Nacional, ELN.
“Hay una circunstancia que no se puede ignorar. Por cooperación internacional con Estados Unidos, la DEA infiltró ese grupo, tiene llamadas interceptadas y seguimientos que muestran a alias HH como un capo del narcotráfico que negocia precios y establece impuestos en la frontera con Ecuador. La Corte Suprema de Justicia le dio visto bueno a su extradición el mes pasado”, señaló el periodista en la columna.
Recordó que aunque el presidente es quien tiene la autoridad final para aprobar o negar la extradición, “la ministra no tenía la facultad de emitir un “concepto desfavorable”, como querían imponérselo para disfrazar de jurídica una decisión política”.
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