Frente los llamados del presidente Gustavo Petro a paros y huelgas para respaldar la consulta popular y las reformas sociales de su Gobierno, la senadora y precandidata precandidata presidencial, Paola Holguín hizo un llamado a las Fuerzas Militares y a la Policía.
“Petro es el Comandante en Jefe, pero ustedes no están obligados a cumplir una orden que va contra la Constitución y la Ley”, dijo la congresista durante el Foro de Precandidatos realizado por el Centro Democrático en Cali, donde se analizaron los desafíos de Colombia en materia de seguridad y paz.
Holguín también hizo un llamado a empresarios, medios de comunicación y ciudadanía: “Sobre la protesta social, el primer mensaje es: no están solos. La fuerza legítima del Estado tiene que actuar sí o sí. El Estado no puede renunciar a lo que es una obligación constitucional y legal”.
Y enfatizó: “Frente a los llamados de Gustavo Petro de paros y huelgas que terminan en violencia, vandalismo y terrorismo, no nos vamos a dejar; Petro ganó, pero la Constitución no perdió y sigue vigente”.
La verdadera paz es vivir sin miedo
La precandidata presidencial presentó sus propuestas y condiciones para adelantar procesos de sometimiento con todas las estructuras criminales, a las cuales, según dijo, de entrada, se les debe acabar el reconocimiento político.
“Aquí todos se tienen que someter bajo el mismo marco jurídico de sometimiento a la justicia. En Colombia se acaba de una vez por todas la alcahuetería de dar estatus políticos a organizaciones como las Farc y el ELN, ellos desde hace rato se convirtieron en simples estructuras de narcotráfico y terrorismo, y tienen que ser tratadas como tales”, dijo.
Y lamentó que en el país “en nombre de la paz, muchos gobiernos han renunciado a garantizar la seguridad, eso no puede volver a suceder. La paz es un derecho, pero es un derecho que solo es posible si hay seguridad con justicia”.
Explicó que en un Gobierno que ella presida, el marco de sometimiento va a estar basado en cero impunidad y el eje central serán los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
“Vamos a revisar la Ley de Justicia y Paz, y tramitar una ‘ley de sometimiento a la justicia’, como la que presenté en el Congreso en 2017”, aseguró.
Indicó que estas herramientas jurídicas son necesarias para someter a las 196 estructuras criminales que existen en Colombia, según la Fundación Paz y Reconciliación, de las cuales el Ministerio de Defensa Nacional reconoce 27.
“Estas estructuras criminales tienen dos vías: o se someten o la fuerza legítima del Estado, pero Colombia no va a vivir un minuto más con miedo”, agregó.
La JEP es un tribunal con debilidad de legitimidad y legalidad
En relación con la Jurisdicción Especial para la Paz, la congresista aseguró que es una realidad jurídica dentro y fuera del país, pero que lo que sí se debe informar a los ciudadanos y a la comunidad internacional es que la JEP hoy tiene debilidad de legitimidad y legalidad.
“Hago esta afirmación porque la JEP es un tribunal que nace del proceso de La Habana, un proceso que los colombianos rechazamos mayoritariamente cuando dijimos NO en el plebiscito y que el Gobierno de Juan Manuel Santos impuso a través de una proposición en el Congreso”, aclaró.
Holguín afirmó que la falta de legitimidad y legalidad en la JEP se da porque es un tribunal en el que los victimarios -muchos responsables de crímenes atroces y de lesa humanidad- fueron los que lo diseñaron y establecieron los mecanismos para la elección de los magistrados.
“Ha sido un tribunal sumamente costoso, este año nos cuesta a los colombianos $735.000 millones y en seis años no hay una sola sentencia en firme contra los criminales de las Farc”, apuntó.
Recordó que la JEP fue la que no permitió la extradición de alias ‘Santrich’, y que eso le sirvió para que se fugara de la justicia y volviera a delinquir, “gracias a Dios hoy debe estar en el infierno”.
Finalmente, dijo que ese tribunal no puede seguir equiparando a los soldados y policías de Colombia con estructuras criminales, porque ellos son la fuerza legítima del Estado y anunció que insistirá en la creación de una sala especial para que los miembros de la Fuerza Pública tengan todas las garantías de un juicio imparcial.
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