La Fiscalía General de la Nación imputarán cargos al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla del Gobierno del presidente, Gustavo Petro, por su posible participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastre, UNGRD.
El anuncio fue hecho por la fiscal del caso, María Cristina Patiño, quien señaló que el exfuncionario será acusado de uncurrir, presuntamente en los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.
Igualemente, no descartó que el ente acusatorio solicite a la justicia que a Bonilla se le ordene medida de aseguramiento en centro carcelario.
La decisión está sustentada tras las declaraciones de la exasesora del ministro de Hacienda María Alejandra Benavides, quien se acogió a un principio de oportunidad que permite a los implicados colaborar con la justicia a cambio de beneficios procesales.
“La Fiscalía tuvo conocimiento de la actividad presuntamente delictiva del señor Bonilla a partir de un acercamiento que, en virtud de una negociación de principio de oportunidad, tuvimos con la señora María Alejandra Benavides Soto”, dijo la fiscal Patiño en una rueda de prensa.
En ese sentido, indicó que el principio de oportunidad “se va a radicar a finales de esta semana. Una vez el juez de control de garantías, a quien corresponda decidir la legalidad de este principio de oportunidad, lo avale, vamos a proceder a solicitar la audiencia de formulación de imputación contra el exministro Bonilla por dos delitos que son tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos”.
Proceso contra Bonilla
De acuerdo con las investigaciones y las declaraciones ante la justicia de la exasesora del exministro de Hacienda, Bonilla habría intervenido de manera irregular para favorecer intereses particulares en la adjudicación de contratos relacionados con la gestión de emergencias.
Para el ente acusador, esa supuesta intervención buscaba favorecer a seis congresistas de las comisiones de Crédito Público, a cambio de que estos emitieran conceptos favorables para la aprobación de créditos de alto valor para la Nación.
Se trata de los contratos conocidos como cupos indicativos, que sumaban cerca de 92.000 millones de pesos, que aunque nunca se firmaron, debían salir de la UNGRD para atender desastres, pero que en realidad buscaban beneficiar a los congresistas cuyos votos resultaban decisivos.
Pero Bonilla no solo fue mencionado por su exasesora, sino que en declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, ante la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, dijo que el exministro pactó con él la entrega de los convenios a los congresistas, con el objetivo de asegurar la aprobación de créditos urgentes para el país.
También el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, sostuvo ante la justicia que, aunque estos convenios nunca llegaron a firmarse, el acuerdo estaba encaminado a que los recursos se canalizaran directamente a los legisladores.
Estos contratos estarían dirigidos a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar) que en los que se habrían reportado emergencias inexistentes para justificar la firma de los convenios.
Los congresistas que habrían resultado beneficiados por estos convenios son Wadith Manzur y Liliana Bitar (Partido Conservador), Julián Peinado y Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), Karen Astrid Manrique (Circunscripciones de Paz) y Juan Diego Muñoz (Alianza Verde). El caso está en manos de la Corte Suprema de Justicia debido a su fuero constitucional.
Los invitamos a seguir el canal de SinCandado en WhatsApp. Activen la campanita. https://whatsapp.com/channel/0029Va5h18bL2ATvVS9cpQ1S
Visite nuestras cuentas en X (Twitter), Instagram, Youtube y Youtube Music y el podcast de SinCandadoRadio en Spotify y demás plataformas. Arriba encuentran los iconos de acceso.
Sincandado 
Deja un comentario