La Justicia de Guatemala emitió una orden de captura contra el exministro de Defensa de Colombia Iván Velásquez y la fiscal general del país, Luz Adriana Camargo, por incurrir presuntamente en los delitos de asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y colusión, en el marco del caso de corrupción Odebrecht.
El anuncio fue hecho por el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del país centroamericano, Rafael Curruchiche, en un vídeo difundido en la red social X, en el que señaló asimismo que se expidió una alerta a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) (circular roja) para que «dichas personas puedan ser aprehendidas en cualquier país».
Velásquez (actual embajador en el Vaticano) , que trabajó junto a Camargo en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), está acusado de dirigir una «estructura criminal» con la que favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3.000 millones de quetzales», esto es, unos 340 millones de euros.
Por esta misma causa, la Justicia guatemalteca «decretó en rebeldía» y emitió una orden de busca y captura contra otras ocho personas, incluidos ex altos cargos y exfuncionarios del país.
«El Ministerio Público reafirma su compromiso de luchar contra la corrupción e impunidad en Guatemala y que todos enfrenten el peso de la ley», señaló el fiscal.
La Fiscalía de Guatemala ya había acusado a Velásquez en 2023 de presunta aprobación de acuerdos de cooperación irregulares con dos directivos brasileños de la consultora Odebrecht que habría tenido lugar en 2017.
Velásquez y la Cancillería colombiana se pronuncian
El exministro de Defensa se defendió y se fue lanza en ristre contra el fiscal del caso y la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, señalando que «extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí».
“Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio», señaló en un mensaje en su cuenta en la red social X.
Esta publicación fue acompañada de un trino del pasado 16 de abril en el que indicó que Guatemala atraviesa una situación de “persecución por liderada por una fiscal general que el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó como corrupta estableciendo sanciones en su contra y en contra de su instrumento, un fiscal de poca monta pero de gran perversidad. También fueron sancionados por la Unión Europea. Esas medidas continúan vigentes”.
“La persecución desatada por los señalados corruptos lanzó al exilio a decenas de jueces, fiscales, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y otras figuras democráticas del país, quienes el próximo año podrán regresar a su tierra una vez concluya el reino de la oscuridad judicial y Guatemala retome el camino de la verdad y la justicia”, indicó en ese emensaje.
Por su parte, la Cancillería colombiana emitió un comunicado en el que expresó “su profunda preocupación y enérgico rechazo ante la orden de captura emitida por la Fiscalía de Guatemala contra Iván Velásquez, embajador designado ante la Santa Sede, y Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación”.
“Esta decisión, sin sustento jurídico, vulnera los principios fundamentales de la justicia internacional y constituye una grave desviación de los estándares del derecho internacional”, enfatizó.
Añadió: “Esta medida no solo representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional, sino que también vulnera derechos humanos fundamentales. La utilización de mecanismos de cooperación judicial internacional exige una base probatoria sólida y procedimientos transparentes, condiciones que claramente no se cumplen en este caso”.
Igualmente, aseguró que “el Gobierno de Colombia reafirma su compromiso con el respeto al derecho internacional, la independencia judicial y la cooperación entre Estados. Sin embargo, advierte que dichos principios no pueden ser tergiversados ni utilizados como instrumentos de persecución política o personal, ni para justificar decisiones carentes de legitimidad”.
La Cancillería anunció que se activaron los canales diplomáticos pertinentes para manifestar formalmente el rechazo de la medida ante las autoridades guatemaltecas.
“Colombia confía en que la comunidad internacional sabrá reconocer esta actuación como parte de una preocupante instrumentalización de los mecanismos judiciales internacionales, contraria al espíritu de legalidad, cooperación y justicia que debe prevalecer en las relaciones entre Estados”, puntualizó.
*Con información de Europa Press
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