El presidente, Gustavo Petro acabó con los rumores y oficializó la decisión de su gobierno: convocará por decreto la consulta popular pese a que la propuesta fue derrotada en el Senado por 49 votos en contra y 47 a favor.
El mandatario dijo que será la ciudadanía la que se pronuncie en las urnas sobre la reforma laboral, tras asegurar que la firma de ese decreto se hará “ante el pueblo”.
Durante el consejo de ministros que sesionó en la Casa de Nariño, el jefe de Estado les pidió a sus ministros, en especial al jefe de la cartera de Trabajo, Antonio Sanguino, definir dónde se hará la firma del decreto: si Cali o Medellín.
“El decreto de la consulta popular se debe firmar ante el pueblo, ojalá ante centenares de miles de personas. Nació del pueblo, se mantiene en el pueblo. No tenemos mucho tiempo, luego no tenemos mucho tiempo para citarlo”, explicó.
El jefe de Estado recordó que en Bogotá ya se hizo un acto público el pasado 1 de mayo “con lleno completo”, y luego en Barranquilla: “ahora dicen que fue porque dieron refrigerio que se llenó la plaza hasta las 8 de la noche”, dijo
No obstante, explicó que “la mayoría del pueblo de Medellín está con la consulta popular, el pueblo trabajador no va contra sus intereses, ni bobos que fueran, cómo van a oponerse a que las mamás tengan bono pensional”, aseguró.
También dijo que la firma del decreto podría hacerse en Cali, donde la consulta también goza “de amplio respaldo”.
“Por qué no Medellín o Cali, mañana tiene que definirse, porque el decreto tiene que firmarse delante del pueblo. Y el que quiera estrellarse contra el pueblo, pues ahí verá, esa no es una amenaza, es una realidad histórica, entonces ustedes escogen y se anuncia al público dónde nos reunimos”, anunció.
Tormenta política
Una vez el presidente Petro hizo el anuncio se desató una tormenta política y ocho partidos se unieron para expedir un comunicado conjunto en el que calificaron esa decisión como un “golpe de Estado».
A este documento se unieron el Partido Liberal, Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido de la U y el Partido ASI.
“Instamos a las instituciones competentes, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y los organismos electorales, para que actúen con independencia bajo el principio de legalidad, de conformidad con la Constitución», señalaron.
Los partidos expresaron su preocupación por lo que consideran un quiebre del orden constitucional, al intentar eludir los procedimientos democráticos establecidos en el Congreso e hicieron un llamado Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos a actuar con independencia y apego a la legalidad.
“En caso de que se expida un decreto convocando una consulta popular, confiamos en que el señor Registrador Nacional, en ejercicio de su autonomía e independencia funcional, actuará con pleno respeto por el orden constitucional y democrático, valorando cuidadosamente la legalidad y legitimidad de dicho acto antes de disponer la fijación de cualquier calendario electoral”, destacaron.
Expresaron que están preocupados por la separación de poderes luego de advertir que el jefe de Estado está desconociendo el Estado de derecho y está “imponiendo su agenda política sin atender ni respetar la autonomía del Congreso”.
“Manifestamos nuestra profunda preocupación por el grave daño institucional que este gobierno está causando. No podemos quedarnos callados, ni mucho que se instrumentalice las legítimas causas sociales para fines contrarios al orden constitucional”, enfatizaron los partidos políticos.
Y añadieron que “el Congreso ha demostrado que hay voluntad de debatir, a pesar de las presiones y ataques mediáticos, mediante las herramientas legítimas de la deliberación pública y de cara al país, dando las garantías a todas las voces y colores políticos para proponer y someter sus propuestas a la votación representativa que es el fundamento de nuestra democracia”.
Se mostraron extrañados de que el presidente Petro convoque la consulta popular por decreto cuando la reforma laboral fue aprobada en la Comisión Cuarta del Senado y pasó último debate en plenaria de esa corporación legislativa.
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