Fuentes de la Presidencia de la República revelaron que el exfiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynnet será designado como nuevo ministro de Justicia, en reemplazo de Ángela María Buitrago.
Se conoció que la hoja de vida será publicada en la página oficial de la Presidencia este jueves y su posesión sería el 12 de junio, un día después de la firma del decreto de convocatoria a la consulta popular.
Precisamente, Montealegre Lynnet validó la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro expida ese decreto pese a que la plenaria del Senado negó por 49 votos a favor y 47 en contra la convocatoria, de acuerdo con una certificación del secretario de esa corporación legislativa Diego González.
En una columna de opinión en la revista Raya defendió su argumentación: «El fundamento está centrado en que el trámite realizado en el Congreso fue inconstitucional» señaló tras advertir que«existen tres situaciones que vician el «procedimiento legislativo».
– El hecho de que el presidente del Senado cerró abruptamente la votación, cuando una de las senadoras tenía la expectativa legítima de participar en la misma. Esta actuación le impidió a una parlamentaria -pro-consulta- ejercer el derecho a intervenir en la deliberación: se violaron los principios pro-democracia o pro-participación.
– El secretario general cambió el sentido de un voto por el sí, para volverlo no, cuando estaba cerrada la votación. La actuación del secretario fue un abierto desconocimiento del principio de preclusión que rige las etapas de un proceso legislativo. Violó la seguridad jurídica, valor con protección constitucional. Un acto arbitrario. Si bien el reglamento del Congreso permite sanear actos del trámite legislativo, él no era el competente para hacerlo. En este caso, el órgano era la plenaria.
– No se dio paso a la apelación que se hizo en forma inmediata ante estos vicios. Sin tramitar la impugnación, no se podía dar por finalizada la sesión. Quien debía decidir sobre la apelación, era la plenaria del Senado, no el presidente, quien, ni siquiera la tramitó.
«Ante el bloqueo institucional del Senado, proyectado en actos inconstitucionales, no queda otra salida que «El Decretazo». El balón está en la cancha del presidente. Es una salida legítima y constitucional», señaló.
E hizo un llamado: «Aplique, presidente, la «excepción de inconstitucionalidad» de lo actuado por el Congreso y convoque al pueblo para que decida ¡Es su deber!».
Esa postura la mantuvo el pasado martes en declaraciones a los medios de comunicación tras una reunión en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro, en la que se presume el mandatario le habría ofrecido el cargo de ministro de Justicia.
Después de ese encuentro se produjo la alocución radio-televisada en la que el mandatario oficializó el anuncio de convocatoria de la consulta polular por decreto.
El mandatario dijo que será la ciudadanía la que se pronuncie en las urnas sobre la reforma laboral, tras asegurar que la firma de ese decreto se hará «ante el pueblo».
Durante el consejo de ministros que sesionó en la Casa de Nariño, el jefe de Estado les pidió a sus ministros, en especial al jefe de la cartera de Trabajo, Antonio Sanguino, definir dónde se hará la firma del decreto: si Cali o Medellín.
«El decreto de la consulta popular se debe firmar ante el pueblo, ojalá ante centenares de miles de personas. Nació del pueblo, se mantiene en el pueblo. No tenemos mucho tiempo, luego no tenemos mucho tiempo para citarlo», explicó.
Opiniones y contratos cuestionados
Pero, Montealegre Lynett ha sido objeto de cuestionamientos por opiniones jurídicas en temas como una eventual reelección presidencial a través de mecanismos como una Asamblea Nacional Constituyente.
Así lo hizo saber a propósito de un proyecto de reforma constitucional de la congresista del Pacto Histórico Isabel Zuleta.
En esa ocasión exfiscal aseguró que el acuerdo de paz con las Farc abría esa posibilidad, lo que permitiría la extensión del mandato del presidente Petro.
«Tenemos que tener en cuenta que la regla general es que las constituyentes tienen una gran capacidad normativa, con gran capacidad de modificar y hacer transformaciones profundas al diseño constitucional», explicó.
Y añadió: «Una Constituyente podría ocuparse del tema de la reelección inmediata o de la ampliación del periodo del presidente de la República. Sería absolutamente legítimo que lo hiciera dentro del ámbito de sus competencias».
Sin embargo varios sectores, incluyendo los propios protagonistas del acuerdo de paz como el expresidente, Juan Manuel Santos y exdirigentes de las Farc, rechazaron esa opinión.
Igualmente, se ha cuestionado los contratos que ha tenido el exfiscal con varias entidades de Estado durante el Gobierno Petro por más de 1.720 millones de pesos a través d su empresa Economía Derecho y Sociedad S.A.S.
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