Por diferencias con el alto comisionado, Otty Patiño, 16 exparamilitares, encabezados por Salvatore Mancuso, renunciaron como gestores de paz, cargo que les había otorgado el presidente Gustavo Petro a finales de noviembre del año pasado.
Así lo dejaron consigando en una carta dirigida al mandatario en la que expresaron sus diferencias tanto con Patiño como con su mano derecha, María Paz Lara y el jefe negociador con el Clan del Golfo, Álvaro Jiménez.
El pasado primero de junio el ex efe de las AUC había denunciado la presencia de un “enemigo interno” que “boicotea al presidente y sabotea la paz total”.
Eran 18 exjefes paramilitares los que se habían nombrado en ese entonces y dos ya habían renunciado en los pasados meses, Ramón Isaza y Hebert Veloza García, alias ‘H.H’.
Ahora renunciaron el resto de designados: Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’; Héctor José Buitrago Rodríguez, alias ‘El Patrón’; Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco’ Vanoy; Hernán Giraldo Serna, alias ‘el señor de la Sierra’; Luis Eduardo Cifuentes Galindo, alias el Águila; Manuel de Jesus Pirabán, alias Pirata; Juan Francisco Prada Márquez, alias Juancho Prada y José Baldomero Linares Moreno, alias Guillermo Torres.
Así mismo, Salvatore Mancuso Gómez; Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’; Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’; Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ ; Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’; Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’; Edwar Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’; y Héctor Germán Buitrago Parada, alias Martín Llanos.
En la carta, con fecha del 5 de junio de 2025, los excomandantes paramilitares manifestaron que las designaciones como gestores fueron simbólicas y nunca contaron con un respaldo real para avanzar en los compromisos.
“Los suscritos, excomandantes de las Autodefensas Campesinas de Colombia, nombrados por el gobierno que usted preside como Gestores de Paz mediante la resolución 453 de 8 de noviembre de 2024, nos dirigimos a usted con el mayor respeto para comunicarle nuestra decisión de suspender el encargo conferido, ponerlo a su entera disposición y, en consecuencia, suspender las relaciones con la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz”, de acuerdo con la carta al mandatario.
“Los incumplimientos reiterados, la falta de transparencia y la insubordinación abierta de la OCCP han minado la confianza”, indicaron.
Uno de los puntos críticos señalados fue una reunión sostenida el 4 de mayo de 2024 con delegados de la OCCP, en la que se pactó instalar una mesa para cerrar el proceso de Santa Fe de Ralito.
Sin embargo, la oficina nunca dio cumplimiento al acuerdo ni convocó a mesas técnicas. Posteriormente, una reunión clave convocada por la OCCP para el 20 de mayo fue cancelada apenas 48 horas antes, sin justificación legal ni logística, y por orden directa de altos funcionarios de la oficina.
Consideraron que estos hechos buscan “deslegitimar el proceso de Ralito” y reescribir la historia de forma unilateral. “Pretender borrar estos hechos históricos no solo sabotea su Política de Paz Total, sino que erosiona la confianza en el Estado”.
Defendieron las labores adelantadas como gestores de paz, especialmente «con tareas de justicia restaurativa, entrega de bienes y búsqueda de desaparecidos, “sin recibir el respaldo prometido por la OCCP”, tras advertir que durante ocho meses no se convocó a una sola mesa técnica ni se asignó presupuesto.
Igualmente, cuestionaron lo que llamaron una postura dogmática de la OCCP, al desconocer hechos históricos validados por la justicia.
“La negociación de Ralito nunca existió, nos dijeron. Eso contradice evidencia abundante”, señalaron.
Indicaron que pese al rompimiento con la OCCP, mantienen su compromiso con la paz y la justicia transicional, por lo que solicitaron ser recibidos directamente por el jefe de Estado para definir de forma clara y definitiva su papel en el proceso.
“No desistimos de trabajar por la paz de nuestro país. Por ello nos parece importante sostener un diálogo directo con usted”, enfatizaron.
Finalmente, reiteraron el compromiso de los firmantes con las víctimas, la reparación, la verdad y la justicia, aunque advirtieron que los reiterados incumplimientos y obstáculos pueden afectar la legitimidad de la política de Paz Total.
“Mantenemos intacto nuestro compromiso de continuar contribuyendo a la paz, pese a los múltiples obstáculos, engaños e incumplimientos del Estado”, puntualizaron.
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