La Registraduría Nacional del Estado Civil adjudicó la licitación para la logística de las elecciones de 2026 (Congreso de la República y la Presidencia) por 2.1 billones de pesos.
El contrato fue entregado a Thomas Greg que se encargará de proveer una solución integral logística, tecnológica, informática y de servicios para la organización y realización de las elecciones.
Entre el 11 y el 16 de junio, un total de 10 posibles oferentes manifestaron su interés de participar en el proceso de selección.
Las empresas y uniones temporales que comunicaron su intención fueron: Colservico & Suministros S.A.S., S3 Simple Smart Speedy S.A.S., Portes de Colombia, Servientrega S.A., Multidestinos JRB S.A.S., Cadena S.A., Comercializadora Empresarial de Córdoba S.A.S., Toppan Security Colombia S.A.S., Smartmatic y Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026 (UT ILE 2026).
De acuerdo con lo establecido en el contrato, que fue adjudicado mediante Acto Administrativo 8135 del 9 de julio de 2025, esta compañía tendrá que cumplir trece componentes técnicos que hacen parte de la etapa preelectoral, electoral y postelectoral.
1) Inscripción de ciudadanos y registros de grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y comités promotores del voto en blanco. 2) Candidatos. 3) Jurados de votación. 4) Kit electoral. 5) Infovotantes. 6) Biometría. 7) Control de puestos de votación. 8) Preconteo y comunicaciones. 9) Escrutinios. 10) Acta de escrutinio de mesa de los jurados de votación E-14, 11) Actas de instalación y registro de votantes E-11. 12) Infraestructura tecnológica y 13. Mesa de ayuda.
Al defender el proceso de licitación, la Registraduría indicó que este contó con el acompañamiento de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, quienes realizaron una vigilancia preventiva a la etapa precontractual del mismo.
A su vez, la Procuraduría General de la Nación participó en las pruebas técnicas realizadas a seis componentes del proceso.
La entidad señaló que también socializó con doce organizaciones de la sociedad civil y misiones de observación electoral nacionales e internacionales todos los detalles de este proceso, incluidos cada uno de los componentes técnicos, con el propósito de brindar mayores garantías de transparencia.
Entre ellas estuvieron la Organización de los Estados Americanos (OEA), IDEA Internacional, International Foundation for Electoral Systems (IFES), el Centro Carter y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos IIDH/CAPEL.
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