Las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las extintas FARC que lidera «Iván Mordisco» se adjudicaron el secuestro de nueve funcionarios de la gobernación del Cauca «y contratistas», asegurando que entregaban material militar al Ejército Nacional, mientras las autoridades locales señalaron que estaban en la zona trabajando en proyectos sociales.
El grupo armado ilegal indicó que el secuestro tuvo lugar en el municipio de López de Micay, en un comunicado en el que ha identificado a los nueve retenidos, «quienes estaban haciendo entrega e instalación de equipos militares a miembros del Ejército Nacional, cuyo objetivo es inhibir señales y derribar drones».
Aseguró que se trata de un proyecto valorado en 4.100 millones de que saldrían de los «fondos del Departamento y que se está ejecutando en los 42 municipios del Cauca, produciendo los cortes de señal de telefonía móvil y señal ‘wifi’ que las comunidades han reportado».
En su nota, cuestionó al gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, al que acusaron de mantener «una posición guerrerista» al destinar recursos, según han asegurado, a la «compra de equipos militares».
«Ahora coloca a sus funcionarios como claros participantes de las hostilidades, al ser quienes provean e instalen equipos a el Ejercito Nacional, para así, reducir u obtener ventaja militar sobre nuestra organización», indicó.
En respuesta, la Gobernación del Cauca emitió un comunicado en el que condenó el secuestro, asegurando que estas personas se encontraban en la zona en el marco de un proyecto social para promover la participación ciudadana y facilitar el acceso a programas estatales.
«Llevaban oferta institucional a comunidades en condición de vulnerabilidad. La institucionalidad no puede ser confundida con la guerra, ni los servidores públicos convertidos en rehenes», explicó.
Añadió: “Este hecho vulnera gravemente los principios del Derecho Internacional Humanitario y constituye una afrenta directa contra la vida civil”.
Los secuestrados son: Eivar Alonso Guerrero Anaya, Sergio Andrés López Gómez, Angélica María Barona Maya, Leydi Rocío Guengue, Paola Andrea Maca Chávez, Mónica Alexandra Bambague, Manuela Caicedo Arango, María Elizabeth López y Elizabeth Yangana.
“Detrás de cada uno de los funcionarios secuestrados hay una familia rota por la angustia: hijos que no comprenden la ausencia de sus padres, madres que claman por la vida de sus hijos, esposas y esposos que esperan una llamada que les devuelva la esperanza”, señaló.
“Estas personas no portaban armas, no hacían parte de ningún operativo militar. Su labor era instalar equipos de comunicación para llevar conectividad a las zonas más apartadas del Cauca, donde históricamente el Estado ha sido débil y las comunidades reclaman oportunidades. Su misión era servir, no confrontar”, insisitió..
Agregó: “El secuestro no tiene justificación bajo ninguna causa ni discurso. Es un acto cruel e inaceptable que atenta contra la dignidad humana y bloquea cualquier posibilidad de construcción de paz real y duradera en el territorio”.
Desde el Gobierno Departamental se hicieron varias solicitudes:
• Exigimos la liberación inmediata e incondicional de los funcionarios y contratistas secuestrados.
• Solicitamos a los organismos humanitarios nacionales e internacionales su acompañamiento, vigilancia y mediación para garantizar su integridad física y emocional, así como el pronto regreso a sus casas con sus familias.
• Invitamos a los medios de comunicación a informar desde la sensibilidad, la ética y el respeto por la vida, visibilizando el rostro humano de esta tragedia y evitando discursos que normalicen la violencia.
“En el Cauca no hay funcionarios enemigos, hay familias desesperadas esperando un abrazo. El camino hacia la paz exige respeto por la vida, por la institucionalidad civil y por el trabajo de quienes creen en un mejor futuro para las comunidades más olvidadas”, puntualizó.
La disidencia del EMC que lidera “Iván Mordisco” anunció a principios de julio la creación de un nuevo frente de guerra en el sur de Cauca, denominado frente Andrés Patino, después de que su dirigente Nestor Vera Fernández anunciara en abril de 2024 su salida de la mesa de diálogo con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, poniendo así punto y final a una relación marcada por la desconfianza y reiteradas violaciones del alto el fuego.
*Con información de Europa Press
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