Ante un Juzgado Administrativo de Bogotá fue radicada una Acción Popular a través de la cual busca frenar “las irregularidades jurídicas, urbanísticas y administrativas del proyecto Vive Claro Distrito Cultural”.
Mediante este procedimiento se solicita la suspensión inmediata del Contrato 78 de 2023 firmado entre la Beneficencia de Cundinamarca y la empresa OCESA Colombia S.A.S., mediante el cual se entregaron en arrendamiento los lotes 15 y 16 del Parque Metropolitano Simón Bolívar para la construcción y explotación de ese escenario.
La medida interpuesta por la concejala de Bogotá, Quena María Ribadeneira y la edilesa de Teusaquillo Mónica Naar Pardo, busca que las autoridades judiciales revisen de fondo la forma cómo fue realizado el contrato.
Argumentaron que las leyes colombianas no permiten que se entreguen bienes del Estado para que se realice en ellos una explotación económica de manera directa, sino a través de un proceso licitatorio mediante concesión o una Asociación Público-Privada (APP) (Ley 80 de 1993 y Ley 1508 de 2012).
“Las irregularidades de este contrato empiezan desde su propia concepción. El contrato ha sido presentado como un arrendamiento de los Lotes 15 y 16 del Parque Metropolitano Simón Bolívar, pero en realidad dadas las características del predio y el monto del contrato, era imposible hacer este negocio en la forma como la Beneficencia y OCESA lo hicieron, saltándose todas las leyes y procesos de contratación estatal, eludiendo los procedimientos de licitación y selección objetiva que exige la ley” explicó la concejala Rivadeneira.
Según los documentos radicados ante la Beneficencia de Cundinamarca y la Gobernación, el contrato celebrado el 28 de noviembre de 2023 permitió a OCESA hacer uso exclusivo de más de 249 mil metros cuadrados de espacio público durante cinco años, con derecho a realizar espectáculos masivos, subarrendar y construir estructuras permanentes, todo por un canon mensual de $361 millones, sin participación en ingresos ni incentivos de desempeño.
De acuerdo con la demanda, el contrato viola flagrantemente derechos colectivos fundamentales, entre ellos la moralidad administrativa, la libre competencia económica y el derecho a la planificación y legalidad urbanística.
Además, el contrato fue adjudicado de manera directa con base en un concepto jurídico solicitado por la Gobernación, sin estudios técnicos independientes ni apertura al mercado, restringiendo la participación de otros oferentes.
“Estamos a favor de que existan escenarios para el disfrute de los ciudadanos y que éstos contribuyan en la generación de impactos económicos positivos para la ciudad, pero lo que no podemos permitir es que, para lograrlo, se salten todos los procedimientos legales establecidos, que lo que buscan justamente es dar transparencia a las actuaciones entre públicos y privados” expresó Ribadeneira.
En el plano urbanístico, se alertó sobre la ausencia de licencias de construcción, a pesar de las intervenciones físicas ya realizadas por OCESA en los predios, incluyendo cerramientos y estructuras modulares que modifican el espacio público.
Igualmente, la Acción Popular, advierte que la Curaduría Urbana No. 4 negó expresamente una licencia urbanística de cerramiento, y un informe de la Alcaldía Local de Teusaquillo concluyó que las obras ejecutadas requieren permisos que no han sido tramitados, como las normas de sismorresistencia, fundamentales en cualquier proceso constructivo.
Según el documento, además se ha ignorado la competencia del Comité Director del Parque Simón Bolívar y las normas del Plan de Ordenamiento Territorial vigente.
“La forma en cómo está concebido el proyecto: sin licencias, sin permisos, sin la vigilancia de las autoridades distritales, pone en grave riesgo la integridad de los ciudadanos. ¿Quién va a responder ante una emergencia?”, manifestó la edilesa Naar Pardo.
Las accionantes solicitaron al juez decretar medidas cautelares urgentes, como la suspensión del contrato y la orden de terminación anticipada del mismo, con el fin de evitar perjuicios irreparables para la ciudad, el espacio público y el interés general.
También pidieron que entidades como la Alcaldía de Bogotá, el IDIGER, la Procuraduría, la Contraloría, la Personería y el Comité del Parque Simón Bolívar se vinculen en el proceso para que ejerzan su rol de vigilancia.
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Lea aquí el texto de la Acción Popular buscan frenar contrato del Vive Claro Distrito Cultural:
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