Una juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, por haber recibido, presuntamente, 3.000 millones de pesos, dentro del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres, UNGRD.
La decisión, que fue adoptada tras valorar los elementos materiales probatorios y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, cobija además a otras siete personas que estarían implicadas en la defraudacion.
Los demás afectados con la decisión son: el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa y su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, quien era contratista de la UNGRD.
Así mismo, el representante legal y el jefe de ventas de la Corporación Mixta Yupurutu, Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, respectivamente; al asesor de la Dirección de la Función Pública, Jorge Aristizábal Rodríguez; y el contratista de la UNGRD Óscar Enrique Cárdenas Angulo.
Manrique Soacha y los demás señalados involucrados en el entramado de corrupción, fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público
En el curso del proceso liderado por un equipo de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte suprema de Justicia se obtuvieron evidencias que dan cuenta de que el exdirector de la Función Pública facilitó y gestionó la entrega de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.
Según la investigación, a cambio de esta labor, solicitó la entrega a personas específicas de los contratos que surgieran de estos recursos.
En ese sentido, los demás investigados habrían intervenido en el direccionamiento de contratos relacionados con la compra de 40 carrotanques pequeños, suministro de plantas desalinizadoras la puesta en funcionamiento de pozos de agua potables, las interventorías de estos y una prestación de servicios de topografía a nivel nacional.
El contrato asociado con el suministro de carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas en La Guajira se suscribió en octubre de 2023, por 29.000 millones de pesos, con la Corporación Mixta Yapurutú.
Aquí fueron detectados sobrecostos por 13.164 millones de pesos, de los cuales 3.000 millones de pesos fueron entregados a Manrique Soacha, 2.060 millones de pesos a Riveros Rey y 6.380 millones quedaron en manos de los directivos de Yapurutú.
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