La Procuraduría General de la Nación ordenó apertura de investigación disciplinaria contra la canciller encargada, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, por presuntas irregularidades en la firma del convenio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia para la fabricación de los pasaportes.
La orden de la Sala de Instrucción Disciplinaria también cobija a Alba Liliana León Herrera, gerente de la Imprenta Nacional y la secretaria general (e) de la Cancillería, Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar.
Para el Ministerio Público, la firma del convenio suscrito entre la Cancillería, a través del Fondo Rotatorio, y la Imprenta Nacional, el pasado 18 de julio, posiblemente transgrede principios de planeación y economía de la contratación estatal, al evidenciar que no existen los documentos y estudios previos que sustenten la celebración del convenio.
De igual manera, el ente de control advierte que se desconoce el acto administrativo a través del cual se delegó en la secretaria general (e) del Ministerio de Relaciones Exteriores, la competencia para celebrar el convenio interadministrativo con la Imprenta Nacional de Colombia.
En este sentido, debido a las fallas en la planeación del nuevo esquema para el suministro de pasaportes, se observa una omisión al deber que le asiste a los funcionarios de cumplir con los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa.
Investigación a excancilleres Murillo y Sarabia y a jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade
La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra los excancilleres, Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, y al jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade, por las presuntas irregularidades en que incurrieron para garantizar la elaboración y distribución de los pasaportes de los colombianos.
La Sala Disciplinaria de Instrucción del Ente de control indicó que posiblemente, en el caso de Murillo y Sarabia no estructuraron de manera eficiente y oportuna el proceso durante el tiempo que cada uno ocupó la cartera ministerial.
Así mismo, Murillo habría usado en forma indebida la figura de la declaratoria de urgencia manifiesta surtida en septiembre de 2024.
En el caso de Sarabia, habría conocido en abril de 2025 que el cronograma propuesto era inviable para la implementación del nuevo modelo, con ocasión del proceso adelantado con la Casa de la Moneda de Portugal, así como la falta de capacidad operativa de la Imprenta Nacional.
El Ministerio Público señaló que en el caso de Saade, presuntamente se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, al haber impartido órdenes a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que racionalizaran la asignación de citas para la expedición de pasaportes.
Dentro de las pruebas que se ordenaron para el desarrollo de esta etapa procesal, se solicitó el apoyo técnico de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, para que a través de inspección a la Imprenta Nacional, determine si tiene o no la capacidad técnica para asumir la impresión, personalización y distribución de los pasaportes.
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