La juez 44 Penal de Conocimiento Sandra Liliana Heredia Aranda dará a conocer hoy primero de agosto la pena que se aplicará al expresidente Álvaro Uribe condenado por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
En la audiencia, que está prevista para las 2:00 de la tarde, la juez leerá el monto de la pena que, previamente, será dada a conocer a las partes vinculadas al proceso (abogados de defensa y los denunciantes, así como a la Fiscalía y la procuraduría)
Como se recuerda, el pasado lunes 28 de julio, se dio conocer el sentido del fallo en el que el expresidente Uribe fue encontrado responsable de dos delitos mientras fue declarado inocente por soborno simple.
“Se ha acreditado más allá de duda razonable que Álvaro Uribe Vélez determinó dolosamente a Diego Javier Cadena Ramírez en la ejecución de los delitos de soborno en actuación penal en concurso homogéneo y fraude procesal en concurso homogéneo”, detalló al leer la sentencia.
Añadió: “Con estos comportamientos queda claro también que afectó gravemente el bien jurídico de la administración de justicia, el bien protegido tanto por el delito de soborno en la actuación penal como por fraude procesal y que como ya se ha resaltado, él mismo no se ejerció contra cualquier juez, sino que fue directamente contra la Corte Suprema de Justicia”.
La juez señaló que el expresidente Uribe fungió como “determinador” para que el abogado Diego Cadena le ofreciera una serie de beneficios al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve con el fin de que firmara una retractación.
En ese sentido, aseguró que las interceptaciones telefónicas que se realizaron en el año 2018 se pudo concluir que el exmandatario mantenía una conversación constante con el abogado Cadena, quien le ponía de presente todas las acciones que realizaba en la cárcel.
La Fiscalía pide 9 años de cárcel
En esa audiencia, la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela Rodríguez pidió que se emita una sentencia de 108 meses de prisión, (unos 9 años).
En su intervención, solicitó, así mismo, que se fije una multa de 1.600 salarios mínimos legales vigentes, como lo estipula la ley, así como una inhabilidad para ejercer cargos públicos por nueve años.
Por su parte, el abogado defensor, del exmandatario, Jaime Granados, se opuso radicalmente a la imposición de una medida de aseguramiento para que cumpla el fallo de primera instancia.
Además, aseguró que la orden de captura se hace totalmente innecesaria, puesto que el expresidente siempre se ha defendido en libertad y ha atendido cumplidamente las citaciones de la justicia.
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