El equipo de defensa del expresidente Álvaro Uribe, instauró ante el Tribunal Superior de Bogotá una acción de tutela con la que busca se le otorgue la libertad al exmandatario, mientras se surten todas las instancias de apelación de la condena de 12 años de prisión domiciliaria.
La solicitud fue hecha a través de un documento de 91 páginas en el que la defensa alega que al exmandatario se le violó el debido proceso y una serie de derechos fundamentales luego de que la juez 44 Penal de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia le dictó medida de aseguramiento con detención domiciliaria.
Para el abogado, Jaime Granados con la decisión se “trasgredió de forma grave los derechos fundamentales a la dignidad, debido proceso, presunción de inocencia y libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez, al haber ordenado la privación de su libertad de forma inmediata a pesar de que la condena proferida, en su contra, no se encuentra en firme”.
“Solicitamos que se amparen los derechos fundamentales del doctor Álvaro Uribe Vélez y, como consecuencia, se deje sin efecto el numeral cuarto de la sentencia del primero de agosto de 2025”, señaló el defensor del exmandatario.
En el documento se añade: «En caso de que ya se haya dado cumplimiento al referido numeral cuarto de la sentencia del primero de agosto de 2025, ordenar a quién corresponda el restablecimiento inmediato de la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez, hasta tanto se proceda a resolver de fondo la presente solicitud de protección constitucional“.
Previamente a la sentencia, la defensa señaló que el exmandatario estuvo presente durante todas las diligencias del juicio en su contra, que tiene arraigo en comunidad y que no representa un riesgo para la sociedad, por lo que solicitaban que el condenado pudiera permanecer en libertad mientras se agotan las demás instancias del caso.
Se pide la suspensión de la detención domiciliaria “garantizando el derecho que le asiste a permanecer en libertad, al amparo de la presunción de inocencia, mientras se dicta una decisión definitiva en el referido proceso penal”.
«La sentencia trae a colación un fallo de la Sala de Casación Penal, la SP1151-2024, en donde no se profirió la orden de captura por haberse accedido al subrogado de la prisión domiciliaria, pero sí se anticipó el cumplimiento de la ejecución de la pena“, agrega.
Además de la prisión domiciliaria, la juez determinó una inhabilitación de 100 meses para ocupar cargos públicos y el pago de una multa de 2.420 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
El exjefe de Estado fue condenado en primera instancia por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.
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